Muchas de las cosas que nos enorgullecen de México tienen raíces indígenas. Las encontramos en nuestras lenguas y expresiones artísticas, en las celebraciones, en los alimentos que compartimos y en maneras de cuidar la tierra y de organizar la vida en comunidad. Detrás de esa herencia hay personas y comunidades que la mantienen viva y la transforman.
Los pueblos indígenas no son solamente nuestro pasado; forman parte de nuestro presente. El orgullo por nuestras raíces debe reflejarse también en cómo tratamos a las personas de esos pueblos cuando buscan justicia. Escucharlas y comprender su realidad es parte de ese respeto.
Buscar justicia no siempre es sencillo. Una persona puede no entender lo que le preguntan, necesitar contar lo ocurrido en su lengua o no saber cómo defenderse de una acusación. Si nadie le ayuda a comprender y a hacerse entender, sus derechos pueden quedar sin protección.
Por eso, quien investiga o juzga debe escuchar a la persona y comprender su situación antes de sacar conclusiones. No puede suponer cómo piensa o qué costumbres sigue solo por su origen. Hablar español o vivir en una ciudad tampoco borra su pertenencia a un pueblo indígena. Además, las barreras pueden agravarse por la discriminación de género o edad y por las dificultades económicas.
Si no hay intérprete local, la autoridad debe buscarlo en otras instituciones, incluso a distancia. Si agota esa búsqueda, puede acudir a quien demuestre conocer las dos lenguas y la cultura de la persona indígena. La protección urgente no debe esperar; una declaración requiere que la persona comprenda y pueda expresarse.
Valentina Rosendo Cantú, del pueblo me’phaa de Guerrero, tenía 17 años cuando militares la agredieron sexualmente en 2002. Al denunciar, tuvo que recurrir a su esposo para comunicar lo ocurrido porque el Estado no le proporcionó un intérprete. Además, la escucharon en un lugar con público. En 2010, la Corte Interamericana de Derechos Humanos advirtió que esas condiciones no protegieron su privacidad. Declaró responsable a México por violar sus derechos y ordenó investigar los hechos y reparar el daño.
La necesidad de entender no termina al denunciar. Ernestina Ascencio Rosario, una mujer nahua de 73 años, murió en Veracruz en 2007 tras sufrir violencia sexual. La investigación se cerró. No consta que a sus hijos les explicaran en su lengua por qué se tomó esa decisión ni cómo pedir que se revisara. Esa información era necesaria para defender sus derechos. En 2025, la Corte señaló que la fiscalía dio menos importancia a lo que Ernestina contó y a los testimonios de su familia por prejuicios contra ella como mujer indígena. Declaró responsable a México y ordenó investigar los hechos sin esos prejuicios, tomando en cuenta que Ernestina era una mujer indígena.
El intérprete facilita la comunicación; el defensor asiste a quien enfrenta una acusación, y el asesor jurídico representa a la víctima. Sus funciones son distintas y deben atender la lengua y la cultura de la persona. También quien declara como testigo debe ser comprendido sin prejuicios.
Pero comprender a una persona va más allá del idioma. Las reglas de su comunidad, sus formas de organización o su relación con el territorio pueden ayudar a entender los hechos. Para conocerlas, las autoridades pueden recurrir a un peritaje antropológico —un estudio especializado sobre el contexto cultural— o a otras fuentes confiables.
Ese contexto puede aclarar con qué intención actuó la persona. No basta afirmar que una práctica comunitaria existe: hay que precisar en qué consiste, quiénes la siguen y cómo se relaciona con lo ocurrido. La autonomía indígena debe respetarse. Ninguna costumbre justifica la violencia ni otras violaciones de derechos.
La ley debe proteger por igual a personas con realidades distintas. Reconocer esas diferencias no significa dar por cierta una denuncia ni decidir a favor de alguien por su origen. Significa que lo ocurrido se examine con pruebas, sin que una diferencia cultural se convierta en una razón para desconfiar, descalificar o condenar.
La justicia no puede exigir a una persona que renuncie a su identidad para ejercer sus derechos. Comprender su cultura, eliminar barreras y decidir sin prejuicios: eso es juzgar con perspectiva intercultural.
En colaboración con José Luis López Téllez.
