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El gobernador del Estado de México, Eruviel Ávila Villegas, envió a los diputados una propuesta para reformar el Código Penal y aumentar las penas a quienes pretendan falsificar documentos públicos o privados, ya sean físicos o electrónicos, sellos, llaves o marca, así como para quien dolosamente haga uso de ellos.
El documento indica que a quién falsifique documentos, se le impondrá de dos a ocho años de prisión y de 100 a 1000 días de multa.
La penalidad será de 3 a 6 años de prisión y 300 a 1500 días de multa, si el documento es una credencial o medio de identificación de los autorizados oficialmente para los miembros del Ministerio Público o de las corporaciones policiacas, así como de los integrantes del Poder Judicial.
Además, se propone se imponga una pena por falsificación de documentos a quien permita por acción u omisión la prestación de servicios exclusivos de la función notarial a su cargo, a través de la utilización de sellos, marcas, protocolos o cualquier otro elemento de identificación notarial fidedigno en oficina o establecimiento diverso al registrado ante la autoridad en la materia notarial competente.
Ello con la consecuente precisión de la sanción al sujeto activo del delito de usurpación de funciones públicas o profesionales, pues genera incertidumbre en la ciudadanía al ser víctimas de engaños por quienes se ostentan como fedatarios distintos a los legalmente autorizados, utilizando incluso firmas apócrifas.
También se propone se precisen las disposiciones punitivas de dicho precepto, para favorecer la individualización de la pena, además de dar certeza jurídica