Los integrantes de la Comisión del Órgano Superior de Fiscalización (OSFEM) se reunieron con el auditor superior Fernando Baz Ferreira, a quien cuestionaron principalmente por los recursos excedentes que recibió la pasada administración de Eruviel Ávila Villegas, de 2016, y que ascienden a más de 50 mil millones de pesos.
Así lo dio a conocer el diputado del PAN, Raymundo Guzmán Corroviñas, quien señaló que el gobierno estatal justificó que, de estos excedentes, fueron destinados 12 mil 220 millones de pesos para la Inversión y Obras Públicas, mientras que para transferencias a municipios 2 mil 046 millones; amortizaciones 5 mil 565 millones y solo para gasto corriente mil 531 millones de pesos, entre otros.
Dijo que, en este encuentro, el funcionario dio a conocer a los diputados que conforman la comisión legislativa que suman 846 recomendaciones a nivel estatal y más de 83 millones de observaciones resarcitorias determinadas, en tanto que de los 125 municipios las observaciones son por mil 367 millones de pesos.
Reconoció que otra preocupación que expusieron los legisladores, tiene que ver con la forma en la que han decrecido los ingresos municipales propios, pues solo representan 19.8 por ciento del total del ingreso, lo que significa que muchas demarcaciones tienen gran dependencia de los recursos federales y estatales.
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Lo mismo sucede con la deuda, pues los actuales alcaldes no están pagando, “no han hecho más que crecer porque adquieren más préstamos y eso es realmente preocupante”.
El diputado panista señaló que 54 institutos del deporte no están operando en los municipios, a pesar de que están constituidos, motivo por el que este tema también fue analizado con el auditor superior mexiquense.
“Existen en el papel solamente, a pesar de que es obligatorio que todos los municipios cuenten con estos institutos”.
Sobre la certificación de puestos o cargos en las demarcaciones, el legislador blanquiazul señaló que de acuerdo a la revisión de la Cuenta Pública 2016, la mayor parte de los funcionarios no cuenta con las certificaciones, a pesar de que ya es una obligación legal, “es tema de alerta, pues no se pueden dar resultados si no acreditan que están capacitados para el cargo”.
Reconoció que seguramente habrá más revisiones, pero aprovechó para señalar que en 88 por ciento de los procedimientos instaurados resarcitorios se ha confirmado la decisión del OSFEM, lo que muestra liderazgo a nivel nacional, aunque aclaró, llama la atención que los montos están diferenciados, en comparación con lo que ha dado a conocer la Auditoría Superior de la Federación.
