Toluca/Estado de México
El gobierno del Estado de México sigue sin publicar en la Gaceta de Gobierno las reformas legales para prohibir las terapias de conversión, mientras que en la Legislatura aún no se ha podido llevar al Pleno la Ley de Identidad de Género recientemente aprobada, motivo por el que no se descarta que ambas sufran algunos cambios.
Así lo dio a conocer el presidente de la Junta de Coordinación Política y coordinador parlamentario, Maurilio Hernández, al negar que existan presiones o intervención de la iglesia para cancelar su publicación en el caso de la primera y aprobación ante el pleno en el caso de la segunda, aunque reconoció que hay observaciones y posiblemente habrá modificaciones.
Asimismo, tras los actos vandálicos frente a la sede de la Legislatura, aclaró que no procederán legalmente, pues a su consideración, se trató de un acto de provocación el proceder de estos grupos feministas.
"Es un acto que estuvo fuera de cualquier contexto y solo hubo la intención de generar protagonismo y llamada de atención. Si caemos en esas provocaciones les daremos más elementos. Eligieron un día en el que saben que no hay actividades, eso nos genera reservas para tomar acciones de carácter legal", expresó.
En el tema específico de las Terapias de Conversión, afirmó que seguramente tienen algunas observaciones, aunque se pedirá al Ejecutivo se dé a conocer cuál es el estado que guarda, en tanto que sobre el cambio de identidad aún no se envía, pues hay aspectos que antes de enviarse deben ser ajustados, pues de lo contrario, las inconsistencias pueden hacer que se detenga de nuevo en el Ejecutivo.
Al cuestionar a qué se refieren los ajustes e inconsistencias a la Ley de Identidad, dijo que tienen que ver con revisión al Código Civil, tema que revisan los abogados, a fin de que se puedan establecer transitorios.
Negó intervención de la iglesia, pero sí opiniones de todos los sectores, algunos a favor o en contra. Dijo que son respetuosos y escuchan todas las opiniones, pues a partir de ahí se conforma un criterio más objetivo sobre lo que es más conveniente.
Añadió que en un periodo el Ejecutivo ha dejado de trabajar por la pandemia y no se pueden hacer notificaciones, puso como ejemplo el Órgano Superior de Fiscalización (OSFEM) que tuvo que solicitar ampliación del informe, pues no había forma de notificar a las instancias del Ejecutivo.
También negó que se pretenda echar para atrás la Ley de Identidad, pues si se regresa cualquier decreto con observaciones, lo que procede es que después de revisión habrá que enviar modificaciones a las comisiones. Estas desiciones de la legislatura no se echan para atrás bajo ningún concepto.
