Las observaciones y hallazgos más recurrentes en revisión de cuenta pública tienen que ver con el “desdén” de las instancias por poner atención en los tabuladores y las remuneraciones, pues si bien la ley les prohíbe excedan 3% de aumento en su nómina, en algunos casos se dispara en 40%.
A ello se suma la negación de muchos por actualizar su patrimonio público, aún y cuando su obligación es actualizar permanentemente sus inventarios, “no hay certeza jurídica de los bienes. No se hace nada por obtener escrituras”.
Así lo dio a conocer la Auditora Superior del OSFEM, Miroslava Carrillo, al reunirse con diputados para revisar el informe de la cuenta pública estatal y municipal, tras indicar que ahora que habrá relevo en las administraciones municipales, valdría la pena que los alcaldes logren avanzar en ambos temas.
Inexistentes padrones de apoyo a mujeres y jóvenes
Al reunirse con los diputados para analizar el informe de las cuentas públicas, Morena cuestionó la duplicidad de beneficiarios en apoyo a jóvenes y las irregularidades detectadas en el “Salario Rosa”, y aunque la auditora, junto con integrantes del órgano fiscalizador, reconoció incluso que fue prácticamente imposible conocer los padrones de beneficiarios, por ser información que no se exhibe ni proporciona, aclaró que no es atribución de este órgano determinar si debe ser suspendido cuanto antes o no.
“Se hizo revisión de padrones de 15 vertientes y hay 21 mil beneficiarios, en tanto que en programa de jóvenes, 6 mil beneficiarios. Estos padrones se recabaron uno a uno, pues no estaban publicados y hoy existen publicados solo cuatro y ni siquiera son fáciles de identificar, mucho menos a las personas que beneficiaron. Fue un trabajo arduo lograr tener esta información, pues no la tiene nadie”.
Por otro lado, la auditora indicó que, aunque había instituciones que por 10 años no habían sido auditadas, había otras que año con año en los últimos cinco años fueron auditadas, por lo que se ha propuesto un alcance equilibrado.
Sin dar a conocer detalles, puesto que aún se encuentran las dependencias (entidades fiscalizables) en proceso de solventación, la auditora reconoció que también se detectó que hay servidores públicos que cobran en dos instituciones.
Al final, los diputados acordaron seguir enviando a la auditora cuestionamientos, a fin de continuar con el análisis de dicho informe de resultados.
