Integrantes de la Asamblea Estatal en defensa de la seguridad social de los trabajadores al servicio del Estado de México y municipios marchan por las calles de Toluca para demandar a la Legislatura Local el análisis de las reformas recientes a la Ley del ISSEMyM y el Código Financiero que afectan al seguro por fallecimiento y las pensiones de los trabajadores.
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Los inconformes que marcharon desde la Alameda de Toluca hasta la calle de Riva Palacio, frente al Congreso Mexiquense, informaron que entregarán un documento a la Junta de Coordinación Política (JUCOPO) y esperanza recibidos por el presidente Maurilio Hernández, que en días pasados, de acuerdo con las declaraciones otorgadas a los medios de comunicación, dijo que estaría dispuesto a analizar las reformas que afectan a los derechohabientes.
Por el momento el paso por la calle de Riva Palacio e Independencia se encuentra afectado.
José Uribe, uno de los representantes, señaló que, si bien desde el 2018 el ejecutivo mexiquense propuso reformas a la ley del ISSEMyM, que fueron rechazadas porque borraba de un plumazo el sistema de pensiones, pero lejos de solucionar el problema, el 30 de enero se modificaron artículos de la ley, que son:
En el Artículo 70 de la Ley de Seguridad Social se establecía que el monto de las pensiones del sistema solidario se incrementaría en la misma proporción en que el Gobierno del Estado otorgará incrementos generales a los sueldos sujetos de cotización a sus servidores públicos en activo.
Sin embargo, ahora se actualizarán anualmente conforme al Índice Nacional de Precios al Consumidor y no podrán rebasar el tope máximo de 12 salarios mínimos.
En el caso del Artículo 133, que establecía que el monto del seguro por fallecimiento era fijado anualmente por el Consejo Directivo en el presupuesto de la institución y nunca sería menor a 500 salarios mínimos, ahora se definirá por el Consejo Directivo en el presupuesto de la institución, pero nunca será menor a 790.56 UMAS.
"Anteriormente se pagaban 500 días de salario que equivaldría a un promedio de 80 mil pesos, con las reformas son menos de 60 mil pesos", señaló.
Además, el instituto ha manejado la idea de una crisis financiera que no se ha demostrado, por lo que piden que haya claridad en estos asuntos.
A la par señaló que continúa siendo un servicio médico deficiente, con un desabasto de medicamentos grave, no hay consultas de especialidades, citas agendadas se las han postergado por más de dos años con la justificación de la pandemia.
Mientras que el desabasto de medicamento los ha llevado a adquirir las medicinas en servicios particulares, pese a los descuentos quincenales que se ejercen a los derechohabientes.
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