Toluca/Estado de México
La creación del Centro de Supervisión de Libertad en Ejecución Penal busca sentar las bases para una efectiva reinserción social de personas privadas de la libertad y fue propuesta por Ricardo Sodi Cuellar, presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México.
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Durante su análisis en la Comisión de Procuración y Administración de Justicia, generó debate sobre las ventajas y desventajas, pues se dio a conocer que acelerar las preliberaciones en los centros penitenciarios generaría costos para el Estado.
El presidente de la comisión y diputado morenista Gerardo Ulloa Pérez, dijo que la presencia del magistrado Ricardo Sodi es muestra de colaboración institucional por un marco legal que favorezca el acceso a la justicia particularmente con esta ley que busca regular la supervisión y vigilancia de la libertad en la ejecución penal, con la finalidad de insertar social, familiar, laboral y económicamente a la persona beneficiada.
Legisladores de Morena, PRI, PAN, MC y del PVEM manifestaron posturas encontradas al conocer el presupuesto anual del Centro que deberá ser de 8.7 millones a 8.9 millones de pesos, además de analizar el sobrecupo de 160% en los centros penitenciarios, que en 2022 fueron preliberadas 561 personas y que cada persona privada de su libertad cuesta 700 pesos diarios al Estado.
Los legisladores del PAN, PRI y PVEM calificaron a la iniciativa como vanguardista y de relevancia, coincidieron en sus beneficios en materia de derechos humanos, presunción de inocencia y de justicia para economizar los gastos que el Estado ejerce por las personas privadas de su libertad y optar por su supervisión en la libertad condicional.
El diputado Faustino de la Cruz Pérez de morena cuestionó la necesidad de incrementar la estructura gubernamental y pidió información sobre el nivel socioeconómico de las personas privadas de su libertad, cuántos han obtenido su preliberación, si han reincidido y qué hace el Estado para su reinserción social y laboral.
Gerardo Lamas Pombo del PAN expresó su preocupación porque se privilegia la liberación de personas para despresurizar los centros penitenciarios, por lo que pidió que solo la obtengan quienes la merezcan, mientras que el diputado Martín Zepeda Hernández, coordinador parlamentario de Movimiento Ciudadano, solicitó un análisis conjunto de las comisiones de Finanzas Públicas y Derechos Humanos.
El magistrado Sodi Cuellar dijo que el sistema penitenciario mexiquense está saturado, que no existe un organismo autónomo que determine el riesgo y que siempre hay parcialidad de quienes intervienen en el proceso porque son quienes ejecutan la sanción, por lo que es necesario adecuar el marco legal para darle congruencia con el artículo IV transitorio de la Ley Nacional de Ejecución Penal.
Subrayó que el Estado de México sería el primero del país con este tipo de normas que buscan determinar una autoridad encargada para la supervisión de la libertad en la ejecución penal distinta a la autoridad penitenciaria o instituciones policiales; la creación del Centro de Supervisión de Libertad en Ejecución Penal dependiente de la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos así como determinar la forma en la que se tramitarán los procedimientos para la obtención del beneficio, entre otros aspectos.
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