Toluca/Estado de México
En la Legislatura mexiquense se está analizando la iniciativa para tipificar como delito la retención u omisión de cuotas y aportaciones al Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios (ISSEMyM) por parte de los sujetos obligados.
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El diputado morenista Gerardo Ulloa mencionó que, de acuerdo con el Informe Anual 2020 presentado por el ISSEMyM, al 31 de diciembre de 2020, se obtuvieron ingresos totales por 25 mil 313.2 millones de pesos (mdp) y se gastaron 26 mil 579.6 mdp, lo que resultó en un déficit de mil 266.4 mdp. Por esta razón, se están buscando alternativas para capitalizarse, como la subasta de 22 inmuebles, a través de los cuales se espera obtener al menos 328 mdp, aunque esto no sería suficiente para resolver sus problemas financieros, ya que representa solo el 25.9% del total del déficit.
Además, la omisión en el pago de cuotas y aportaciones de seguridad social por parte de las entidades públicas ha generado deudas en al menos 24 municipios, la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx) y los cuerpos auxiliares del Estado de México.
La Auditoría Superior del Estado de México también informó que los resultados de la última revisión al ISSEMyM arrojaron una solicitud de aclaración por mil 686 mdp en las cuotas y aportaciones por cobrar, cantidad que, si se recupera, sería suficiente para equilibrar las finanzas del instituto. El legislador precisó que los trabajadores cumplen con su obligación y entienden que parte de este recurso servirá para su retiro.
Sin embargo, es común que las entidades públicas omitan estas aportaciones y no paguen las cuotas de seguridad social, lo que perjudica las finanzas del Instituto, así como los derechos y prestaciones del personal público y sus familias. Por esta razón, se propone tipificar esta conducta como un delito en el Código Financiero, agravando las consecuencias al reconocer el régimen de seguridad social como un bien jurídico esencial y un derecho humano.
En este sentido, se propone establecer un capítulo de delitos fiscales en el Código Financiero del Estado de México y sus Municipios, en el que el tipo penal se llamaría "Defraudaciones a los regímenes del ISSEMyM", para distinguirlo del tipo genérico de defraudación fiscal. De esta manera, las entidades públicas estarían obligadas a compensar el daño equivalente al monto de las cuotas y aportaciones de seguridad social que no hayan pagado.
El delito de defraudación al ISSEMyM se sancionaría con un aumento en la pena, equivalente al doble de lo establecido para el delito de defraudación fiscal.
La legisladora tricolor Myriam Cárdenas considera que no solo se debería observar como un delito fiscal, sino también como un fraude de tipo penal. Además, propone involucrar a la Fiscalía Anticorrupción para investigar si la retención de recursos que no se usó para su propósito original fue manipulada para otros fines, y sugiere recibir las aportaciones del procurador fiscal del Estado de México.
La diputada Carmen de la Rosa Mendoza reconoce la importancia de combatir la corrupción en el ISSEMyM, que brinda servicios de seguridad social a 839 mil derechohabientes. También menciona que de diciembre de 2020 a septiembre de 2021, el monto de las cuentas por cobrar del ISSEMyM aumentó un 76%, pasando de 2 mil 957 mdp a 5 mil 215 mdp en 2023, lo que demuestra el incumplimiento de las instituciones públicas en el pago de las aportaciones y la posible defraudación que han sufrido los servidores públicos cuyas retenciones salariales no se entregaron.
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