Toluca/Estado de México
En el Estado de México, desde enero de 2021 hasta la fecha, a través de la Ley de Amnistía, 3,300 personas que cometieron su primer delito, de las cuales 182 son mujeres, han recibido una segunda oportunidad para reintegrarse a la sociedad, lo que representa poco más del 6%.
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La Ley de Amnistía fue aprobada el 6 de enero de 2021, y dos meses después se publicaron sus lineamientos. Esta ley considera a personas que cometieron los siguientes delitos: aborto, contra la salud, robo simple y sin violencia, robo con violencia, exceso de legítima defensa, sedición, abigeato, resistencia, delitos contra el medio ambiente, culposos sin agravantes, imputados a personas campesinas, pertenecientes a pueblos originarios o afromexicanas, e imputados mayores de 65 años.
Ricardo Sodi, presidente del Poder Judicial, explicó que la ley fue diseñada para aliviar la sobrepoblación carcelaria, ya que en la entidad, los 23 centros penitenciarios tienen una sobrepoblación del 146%. Según la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, el estándar de mujeres en prisión en Latinoamérica es del 10%, mientras que en el Estado de México es del 6%. La entidad tiene la población penitenciaria más grande del país, con alrededor de 35,690 hombres y 2,246 mujeres privados de su libertad.
El Magistrado Presidente indicó que con la concesión de amnistías se busca sanar y restablecer el tejido social, proteger y tutelar los derechos de las víctimas, y promover el perdón y la reconciliación. Esto es un esfuerzo conjunto de los tres poderes del estado, la Fiscalía de Justicia y la Comisión de Derechos Humanos.
Sodi Cuellar recordó que la ley establece que solo se consideran los delitos cometidos hasta la fecha de su entrada en vigor, es decir, el 6 de enero de 2021. Por lo tanto, los delitos posteriores no son elegibles para amnistía. Además, señaló que se requiere una reforma integral del Código Penal para disolver conflictos a través de la justicia cívica y reparar el daño de formas que no impliquen únicamente la prisión, ya que el endurecimiento de las penas ha llevado a un aumento de la violencia en los delitos.
Explicó que la amnistía es una forma de extinguir la acción penal y las sanciones impuestas, destinada a personas sin antecedentes que hayan cometido conductas delictivas específicas y que cumplan con el pago de la reparación del daño. No todos los presos son elegibles para este beneficio.
A pesar de los avances en la perspectiva de género en el sistema judicial, la aplicación de la ley de amnistía no requiere cambios o reformas para considerarla desde una perspectiva de género, sino implementar esta visión desde el juicio.
Sin embargo, el acceso a la amnistía es complicado para las mujeres, ya que la mayoría de ellas fueron condenadas por delitos graves, como secuestro, extorsión y homicidio, que no están contemplados en la ley de amnistía. Además, las mujeres suelen carecer de una red de apoyo y son abandonadas una vez que son sentenciadas. A menudo, no cuentan con el respaldo de familiares, esposos, parejas sentimentales o organizaciones que promuevan este beneficio.
La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, Myrna García Morón, destacó la importancia de la amnistía como una forma de reconciliación, especialmente para las personas más desfavorecidas y vulnerables, incluyendo a las mujeres. La aplicación de la ley reveló que las mujeres a menudo fueron engañadas o forzadas durante su proceso judicial, lo que resultó en sentencias injustas.
García Morón señaló que lo que se necesita en la entidad no es una reforma de la ley de amnistía en cuanto a la perspectiva de género, sino la incorporación de esta perspectiva en todas las etapas del proceso judicial, desde el primer respondiente hasta la sentencia.
En resumen, la amnistía en el Estado de México representa una oportunidad para la reinserción de personas que cometieron delitos, pero su aplicación no es sencilla para las mujeres, especialmente aquellas con condenas por delitos graves. La perspectiva de género debe ser fundamental en todo el proceso judicial para garantizar la justicia y la equidad.
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