Toluca/Estado de México
Con el señalamiento de que más del 60 % del agua en el Estado de México se pierde por deterioro de infraestructura hidráulica y actos de robo conocidos como huachicoleo, la diputada local del Partido Verde (PVEM), Miriam Silva Mata, anunció que planteará endurecer las penas contra quienes incurran en este delito.
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En conferencia de prensa, Silva Mata detalló que la iniciativa contempla que el robo de agua sea considerado delito grave, perseguido de oficio y con penas que irían de 7 a 14 años de prisión, y si en la comisión del delito participa algún servidor público, la sanción se incrementaría hasta 21 años.
Como presidenta de la Comisión de Recursos Hidráulicos en la LXII Legislatura estatal, explicó que municipios como Ecatepec, Chalco, Chicoloapan, Texcoco, Nezahualcóyotl, Nicolás Romero y Teotihuacán registran una alta incidencia de robo y comercialización ilegal del agua, cuyas ganancias se estiman en más de mil millones de pesos anuales.
Señaló que, si bien ya está tipificado el robo de agua en la entidad, a la fecha no se tiene ningún caso judicializado ni sentencias emitidas, por lo que se espera que con una reforma que también persiga el delito de oficio aumente la posibilidad de sancionarlo.
“Hoy no hay sentencias condenatorias por este delito, porque el marco jurídico sigue siendo débil; las sanciones actuales no alcanzan ni los seis años de prisión y quienes cometen este delito pueden evadir consecuencias pagando multas mínimas en comparación con las ganancias que obtienen”, señaló.
No obstante, la legisladora reconoció las acciones que ha ejecutado la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) en coordinación con la Guardia Nacional, como parte de una estrategia institucional para frenar la extracción clandestina de agua.
De acuerdo con los datos presentados, durante 2025 se han realizado al menos cuatro operativos clave: uno el 6 de marzo, en Texcoco y Chicoloapan, donde se clausuraron cuatro pozos y una perforadora, además de inspeccionar 11 predios.
Otro, el 8 de abril, en la colonia El Pirame de Ocoyoacac, se aseguraron 18 tomas clandestinas y un pozo que abastecía hasta 200 pipas diarias; uno más, el 17 de junio, en Jocotitlán, donde fueron clausuradas seis tomas ilegales en el Sistema Lerma Norte, con recuperación de más de un metro cúbico por segundo.
Y el último, en Chicoloapan, fue asegurado el pozo “Los Pinos” por exceder los volúmenes de extracción autorizados por Conagua, en el cual la legisladora relató que se detectaron nueve pipas dentro del predio, cuatro de ellas extrayendo agua, y que hubo resistencia por parte de presuntos integrantes de un sindicato, lo cual impidió el aseguramiento total del sitio.
La diputada consideró que la extracción ilegal de agua está siendo operada por estructuras organizadas y advirtió que se buscará que quienes permitan, faciliten o participen en la cadena de comercialización ilegal del recurso también sean sancionados.
“Estamos hablando de una red que incluye desde la extracción hasta la venta. No solo se sancionará a quien robe agua, sino a quien la almacene, transporte o compre, y especialmente a los funcionarios que colaboren con esta práctica”, dijo.
Silva Mata señaló que las consecuencias del robo de agua afectan directamente a la población, ya que muchas familias se ven obligadas a pagar por agua en condiciones irregulares.
Explicó que una familia podría gastar hasta 162 mil pesos anuales por abastecerse a través de proveedores informales, lo que multiplica el impacto en comunidades vulnerables.
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