Toluca/Estado de México
El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la LXII Legislatura del Estado de México, Francisco Vázquez Rodríguez, informó que el Congreso local no designará el 21 de agosto a la persona que encabezará la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (Codhem) para el periodo 2025-2029, como estaba previsto en la convocatoria.
La actual presidenta, Myrna García Morón, concluye su encargo el 19 de agosto, por lo que se designará de manera temporal a una persona encargada del despacho hasta que se realice el nombramiento definitivo.
Vázquez Rodríguez explicó que el retraso obedece a la carga de trabajo en el Congreso, particularmente por temas relacionados con las propuestas de la gobernadora de la entidad, Delfina Gómez Álvarez, para transferir inmuebles de propiedad estatal al IMSS-Bienestar.
“Estamos listos, pero se nos vence el 20 (de agosto); no nos va a dar tiempo porque estábamos esperando esta sesión, hay muchos temas del IMSS, la salud es primordial para el Estado de México y queríamos estar con estas desincorporaciones”, señaló el legislador.
El diputado añadió que, en ese sentido, se prevé realizar dos sesiones extraordinarias para desahogar la agenda, lo que podría implicar que el nombramiento de la presidencia de la Codhem ocurra en la última semana de agosto.
El presidente de la Jucopo indicó que las y los 34 aspirantes cumplen los requisitos establecidos en la ley, y que los grupos parlamentarios mantienen diálogo para alcanzar un consenso sobre la persona idónea.
“Estamos platicando todos los partidos, estamos platicando todo el grupo parlamentario y estamos casi listos para hacerlo”, comentó.
Vázquez Rodríguez apuntó que se busca un perfil que, además de cumplir con los requisitos formales, garantice una defensa efectiva de los derechos humanos y mantenga apertura hacia distintos sectores de la sociedad.
Mientras se concreta la designación, la Codhem tendrá a una persona encargada del despacho o a un funcionario que reciba los asuntos, según lo determine la normatividad interna, a fin de que el organismo no interrumpa sus funciones y continúe atendiendo los casos que se presenten, en especial aquellos que involucren a sectores vulnerables como niñas, niños y adolescentes.
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