Ciudad de México
Con el objetivo de continuar haciendo de las escuelas un espacio seguro para los estudiantes de todos los niveles, el vicecoordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN) en el Senado de la República, Enrique Vargas del Villar, suscribió una iniciativa de ley para reformar las leyes generales de Educación y de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, con el propósito de prevenir, atender y sancionar la violencia docente en los planteles educativos.
Fundamento constitucional
El senador por el Estado de México explicó que, a pesar de que la Convención sobre los Derechos del Niño obliga a los tres niveles de gobierno a proteger a la niñez de toda forma de perjuicio o abuso físico o mental, así como a asegurar un ambiente escolar respetuoso y seguro, se estima que casi un tercio de los estudiantes en el mundo han sido víctimas de violencia escolar por parte de docentes o compañeros, mientras que la Encuesta Nacional de Victimización de Niñas, Niños y Adolescentes del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) señaló que uno de cada cuatro alumnos violentados reconocieron a un adulto de su escuela como su agresor físico o emocional, lo que hace necesario atender esta problemática para evitar que se normalicen estas conductas en los planteles.
“En el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional consideramos que la protección de niñas, niños y adolescentes en entornos educativos es una obligación impostergable del Estado mexicano. El Artículo 3 Constitucional garantiza el derecho a recibir educación en condiciones de respeto a la dignidad humana, mientras que el Artículo 4 establece el principio del interés superior de la niñez como criterio prioritario en toda medida que les concierna, por lo que proponemos estas reformas para evitar la violencia docente para que las escuelas continúen siendo espacios seguros para ellos y para su desarrollo”, apuntó.
Principales reformas propuestas
De acuerdo con las reformas propuestas por Enrique Vargas, se busca establecer criterios de prevención y atención a estas prácticas, además de principios básicos para sancionarlas, a través de la reforma al Artículo 7 de la Ley General de Educación, para que se establezca como una obligación del Estado prevenir, atender y castigar este tipo de violencia, entendida como cualquier acción u omisión realizada por el personal docente o directivo que atente contra la integridad física, emocional, sexual o educativa del alumnado.
Además, mediante una reforma al Artículo 74 Bis, se estipularía la obligación para que cada institución establezca protocolos obligatorios para la denuncia, investigación y atención en casos de violencia docente, garantizando confidencialidad y protección para los denunciantes y estableciendo medidas cautelares inmediatas para los menores de edad, además de asegurar el derecho de audiencia y debido proceso a los involucrados, así como el acompañamiento jurídico y psicológico para las familias.
Registros y notificación obligatoria
Enrique Vargas explicó que la iniciativa de ley estipula que se creen los Registros Estatales de Violencia Docente para evitar la repetición de conductas en otras instituciones educativas, además de incorporar la obligación de las autoridades escolares y los particulares con autorización o reconocimiento de validez oficial para que notifiquen a la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes de cada localidad, para que sea denunciado cualquier hecho de violencia docente y a efecto de que brinden acompañamiento a las víctimas y sus familias, mediante la reforma al Artículo 13 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.
“Con estas acciones, se fortalece el derecho de los menores de edad a vivir una vida libre de violencia y se dota al sector educativo de una estructura jurídica clara para prevenir y atender estos casos, pues las y los docentes son actores fundamentales del proceso educativo”, concluyó.
Datos:
¿Qué se propone?
Reformar leyes federales para prevenir, atender y sancionar la violencia docente en escuelas.
¿Quién impulsa la iniciativa?
Enrique Vargas del Villar, vicecoordinador del PAN en el Senado de la República.
¿Cuándo se presentó?
Durante el actual periodo legislativo en el Senado.
¿Dónde aplica?
En todas las instituciones educativas del país, públicas y privadas con validez oficial.
¿Cómo se atenderán los casos?
Mediante protocolos obligatorios, registros estatales y notificación a Procuradurías de Protección para acompañar a las víctimas.
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