Toluca/Estado de México
David Jehuel "N", responsable del Jurídico de la Central de Abasto advirtió a los locatarios minoristas de la zona de La isla, en la Nave 7 que: de no irse los “…sacaría a como diera lugar”. Junto con otros cinco integrantes de la administración de este lugar de abastecimiento, planearon, organizaron y ordenaron la agresión en contra de los vendedores donde murieron nueve personas calcinadas, de ellos los seis integrantes de una familia de Ixtlahuaca, dos adultos mayores de Zinacantepec y uno más de quien se desconocen pormenores.
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De acuerdo con el relato de los hechos por parte de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, luego de la detención de nueve personas presuntamente involucradas en estos hechos, la madrugada del lunes el objetivo era irrumpir en el lugar, hacer detonaciones con armas cortas y quemar los espacios en los que se encontraban los comerciantes minoristas, con la finalidad de que los desocuparan.
Pascual "N", Bryan Alejandro "N" y Jhoan Daniel "N", quienes fungían como presidente, tesorero y asesor del Consejo de Administración de la Central de Abasto de Toluca, respectivamente, junto con David Jehuel “N”, responsable del Jurídico y Mateo “N”, encargado de la seguridad, bajo distintas formas de intervención se reunieron previo al ataque.
Tras las declaraciones de los presuntos involucrados en estos hechos, se sabe que los investigados habrían amenazado en diversas ocasiones a las víctimas para que desocuparan el área donde laboraban, para tal fin iniciaron acciones legales en su contra; sin embargo, los comerciantes minoristas contaban con una suspensión provisional a su favor derivado de un juicio de amparo.
Por lo anterior, la administración recurrió a amenazas abiertas y directas, llegando a simular un cateo en su contra para supuestamente localizar drogas en los locales que posteriormente incendiaron y a realizar actos de extorsión a través del responsable del Jurídico quien incluso les advirtió y dio el ultimátum: de no irse los “…sacaría a como diera lugar”.
Además, el día de la agresión Arturo “N”, Edmundo “N”, Héctor “N” y José Miguel “N”, integrantes del servicio de seguridad privada en la referida Central de Abasto, fueron instruidos para no acudir al lugar de los hechos.
También se sabe que el servicio de energía eléctrica de las instalaciones fue deliberadamente suspendido previo al evento inhabilitando algunas videocámaras. Adicional a ello, se permitió el libre acceso de los agresores y más grave aún, se facilitó su escape a través de las salidas que el propio personal de seguridad privada controla de manera permanente.
Por si fuera poco, el personal de seguridad privada no permitió el acceso a las autoridades para atender la emergencia, obstaculizando así el debido auxilio a las víctimas; no obstante, era obligación de la propia seguridad privada realizar el llamado de emergencia mediante el sistema al que se encuentran conectados, lo que nunca sucedió oportunamente.
Ayer, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana federal, a través de la Comisión Nacional Antihomicidio (CONAHO), en colaboración con la Secretaría de la Defensa Nacional, Guardia Nacional, Fiscalía General de Justicia del Estado de México y Secretaría de Seguridad estatal cumplimentaron las órdenes de aprehensión contra los nueve sujetos investigados por su probable intervención en el delito de homicidio calificado de nueve personas, hechos ocurridos el pasado lunes 10 de julio en la nave comercial número 7 de la Central de Abasto de Toluca.
Por tales hechos la Fiscalía General de Justicia del Estado de México solicitó y obtuvo de la Autoridad Judicial órdenes de aprehensión en contra de todos los antes mencionados por su probable intervención como ordenadores y partícipes.
Por lo que respecta a los autores materiales la Fiscalía solicitó la orden de aprehensión en contra de un individuo adicional que se encuentra plenamente identificado y continúa realizando actos de investigación para establecer la identidad de los restantes. El sujeto antes referido no sólo realizó actos de vigilancia en días previos, sino que se reunió con el grupo de personas que planearon y ordenaron la agresión.
Los detenidos fueron ingresados al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Almoloya de Juárez y puestos a disposición de un Juez de Control quien habrá de determinar su situación jurídica, no obstante, deben ser considerados inocentes hasta que sea dictada una sentencia condenatoria en su contra.
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