Toluca
Esther Chávez, mamá del menor de siete años de edad que denunció las presuntas lesiones en contra de su hijo menor de siete años de edad y su abogado, Daniel Hernández Hernández informaron que esperan el examen de psiquiatría que lleva a cabo la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) para determinar el grado de daño y continuar con el proceso judicial.
La mamá del menor con distrofia del lenguaje y discapacidad psicomotora que denunció en redes sociales y ante la Fiscalía de Justicia sobre la supuesta agresión que cometió una trabajadora de la escuela IMAD ubicada en Toluca, el pasado 27 de febrero, también subrayó que no busca lucrar o sacar ventaja de esta situación, sino justicia.
Aclaró que en días pasados hubo varios comentarios en su contra, porque son varias las personas que suponen que busca ganar económicamente con este juicio; sin embargo, confirmó que cuenta con un trabajo estable con el cual sacar adelante a su hijo.
Indicó que incluso no pelea el pago para resarcir el daño, sino que la maestra Susana N, a quien acusa de la agresión se enfrente a la justicia por no tener la capacitación necesaria.
El representante legal dio a conocer que buscan la reparación del daño tanto psicológico como físico, con la finalidad de establecer la medida en que deberán resarcir los daños los presuntos responsables.
En tanto que hasta el momento la representación legal de la directora del centro de atención IMAD, despacho que también representa a la docente denunciada, se acercaron a ellos para tratar de negociar un acuerdo; sin embargo, lo rechazaron.
Agregó que no pueden dar a conocer los resultados de los exámenes médicos que obtuvieron al momento porque son parte de la carpeta de investigación, considerados como datos confidenciales, aunque refirió que tanto el DIF estatal como la Fiscalía respaldaron el caso en todo momento.
Dio a conocer que de nada les favorece la clausura del centro de atención, sino es una muestra de que el lugar no se encontraba en las mejores condiciones para atender a los niños, toda vez que la Cofepris documentó cables sueltos que podrían significar un peligro para los niños, además de otros aspectos de riesgo.
El abogado llamó a los padres de los 33 niños que también eran atendidos en el lugar para que se unan a la demanda, puesto que no saben si alguno de sus menores fue agredido y no lo supieron, pues la única con la suerte de estar en el lugar de los hechos, al momento de la lesión, fue Esther.
