Toluca/Estado de México
Servidores públicos jubilados del gobierno del Estado de México, integrantes del Sindicato de Maestros al Servicio del Estado de México (SMSEM), así como exempleados de diversos ayuntamientos mexiquenses, se manifestaron este lunes frente al Palacio de Gobierno estatal para solicitar a la gobernadora Delfina Gómez Álvarez su intervención en el caso de fraude atribuido a la empresa Certificado Integral Funerario (CIF), que habría afectado a miles de personas a lo largo de más de dos décadas.
Maestros jubilados marchan en #Toluca contra empresa funeraria
Los inconformes bloquearon avenida Lerdo de Tejada a la altura de Palacio de Gobierno y pidieron que se establezcan mecanismos para garantizar el cumplimiento de los contratos que firmaron con CIF, sin que ello implique un gasto para el erario, y que se sancione a los responsables de lo que consideran un esquema de fraude.
Señalaron que en el Estado de México ya se han presentado al menos 280 denuncias formales ante la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), aunque estiman que el número total de personas afectadas podría superar las 150 mil en más de 100 municipios.
“Se exige al gobierno estatal que coadyuve con la solución para las personas defraudadas sin que se haga con cargo al erario público, sino que respondan los responsables”, declaró Óscar Chávez Espinoza, representante legal de un grupo de denunciantes.
Los contratos con CIF, según explicaron los afectados, se firmaron desde 2005 mediante esquemas de descuento vía nómina, con pagos quincenales que iban de los 200 a los 400 pesos por servicio, en planes funerarios vitalicios.
La mayoría de los beneficiarios fueron trabajadores del sector público, muchos de ellos ya retirados, que adquirieron uno o varios paquetes de servicio.
Es de recordar que el caso tomó mayor visibilidad tras el fallecimiento de una joven en Toluca en febrero pasado, cuando su padre, servidor público y usuario del servicio de CIF, no pudo hacer válido el contrato para los servicios funerarios.
De acuerdo con el abogado de los quejosos, aunque ya hay avances en las denuncias presentadas, las y los afectados temen que este asunto pueda tomar años, lo cual se agrava si se toma en cuenta que el 90% de quienes han presentado la denuncia son de la tercera edad.
