Toluca/Estado de México
Una presunta red de extorsión que habría operado desde finales de 2023 contra propietarios de verificentros del Estado de México es investigada por la Fiscalía General de Justicia estatal (FGJEM), que señala la posible participación de servidores públicos, exfuncionarios y particulares en el cobro de cuotas, bloqueos del sistema de verificación, amenazas y presiones para apoderarse de concesiones.
Las investigaciones apuntan a que el entramado pretendía reunir más de 430 millones de pesos adicionales mediante cobros relacionados con la revalidación de los centros, además del dinero que presuntamente ya obtenía a través de cuotas mensuales y otros trámites.
De acuerdo con la Fiscalía, las prácticas investigadas también habrían terminado afectando a los automovilistas, pues algunos concesionarios trasladaron parte de las exigencias económicas a los usuarios mediante los llamados “brincos”, pagos para evitar multas cuando los vehículos no aprobaban las pruebas o realizaban la verificación de manera extemporánea.
Exigían cuotas para permitir operar a verificentros
La FGJEM estableció que el esquema operaba al menos desde diciembre de 2023 y contemplaba cobros de acuerdo con el número de verificaciones realizadas, las líneas disponibles en cada establecimiento y otros conceptos.
Uno de los episodios investigados ocurrió presuntamente el 23 de diciembre de 2023, cuando Raúl “N”, entonces director general de Control de Emisiones Atmosféricas de la Secretaría del Medio Ambiente estatal, habría convocado a propietarios, encargados y administradores de verificentros a una reunión en un restaurante de la Ciudad de México.
Según testimonios incorporados a la investigación, ahí habría exigido inicialmente 200 mil pesos mensuales por cada verificentro para permitirles continuar operando, incluso cuando contaran con su documentación en regla.
Ante la inconformidad y el temor de sufrir bloqueos, quedarse sin hologramas o enfrentar problemas para revalidar sus permisos, algunos concesionarios habrían terminado pagando entre 30 mil y 100 mil pesos, dependiendo de su capacidad de operación.
En febrero de 2024, las víctimas habrían recibido una nueva exigencia denominada “retroactivo”, por 162 mil 500 pesos por cada verificentro, bajo el argumento de que se les había permitido trabajar sin problemas entre octubre y diciembre de 2023.
Presuntamente pedían 500 mil pesos por cada línea de verificación
Otro de los mecanismos detectados consistía en cobrar por la revalidación de las concesiones según el número de líneas de verificación.
La Fiscalía cuenta con señalamientos de que en marzo de 2026 Raúl “N” habría solicitado el pago de 500 mil pesos por cada línea correspondiente a revalidaciones autorizadas desde 2024.
Actualmente existen 878 líneas abiertas y en operación en los 163 verificentros del Estado de México. Bajo este esquema, la presunta red buscaba obtener una bolsa superior a los 430 millones de pesos, adicional a los recursos recaudados mediante cuotas mensuales y otros cobros.
El Estado de México cuenta con un padrón superior a siete millones de vehículos sujetos a verificación semestral, por lo que las investigaciones continúan para establecer cuántos de los 163 centros habrían sido víctimas de estas prácticas.
Bloqueaban sistemas y restringían hologramas como medida de presión
Las investigaciones también se concentran en el Sistema Automatizado de Emisión y Control de Hologramas de Verificación Vehicular (SAECHVV), utilizado para supervisar de manera remota y en tiempo real las emisiones de los vehículos y las actividades realizadas en los verificentros.
Aunque el sistema cuenta con mecanismos para prevenir irregularidades, la Fiscalía detectó que puede ser desactivado y reactivado desde el Centro de Control de la Secretaría del Medio Ambiente, por lo que revisa si esta facultad fue utilizada con fines delictivos.
Los cierres remotos podían extenderse durante horas, días e incluso meses bajo supuestas irregularidades que iban desde un logotipo despintado o equipos de cómputo no actualizados hasta desfases entre la inspección de un vehículo y las imágenes captadas por las cámaras.
Posteriormente, la reactivación del sistema presuntamente podía convertirse en motivo para exigir otro pago.
Otra forma de presión habría consistido en limitar la venta de hologramas. Cuando los establecimientos agotaban los engomados autorizados, quedaban imposibilitados para continuar trabajando y presuntamente recibían más únicamente después de cubrir las cuotas exigidas.
Investigan amenazas y presiones para apoderarse de concesiones
La FGJEM también indaga casos en los que propietarios habrían sido presionados para ceder porcentajes de sus empresas.
Antes de ello, los integrantes de la presunta estructura habrían obstaculizado las revalidaciones, ocultado información sobre los periodos para realizar los trámites e impedido que los concesionarios gestionaran anticipadamente sus permisos.
Según la investigación, para intentar apropiarse de verificentros se habrían utilizado al menos dos razones sociales relacionadas con los involucrados, quienes presuntamente aseguraban contar con “protección de políticos”.
La Fiscalía también documentó amenazas contra concesionarios y sus familias en caso de negarse a cumplir las exigencias económicas o abandonar determinados establecimientos.
Asimismo, se investiga un presunto intento por modificar concesiones destinadas exclusivamente a agencias automotrices para permitir que ofrecieran servicio al público general mediante empresas vinculadas con el entramado.
Aseguran cinco verificentros y catean oficinas de Medio Ambiente
Entre el 10 y el 14 de agosto, la Fiscalía mexiquense aseguró cinco Centros de Verificación Vehicular relacionados con las investigaciones. Dos se encuentran en Nezahualcóyotl y los demás en Almoloya de Juárez, Coacalco y Tlalnepantla.
El Ministerio Público solicitó a las autoridades ambientales los antecedentes jurídicos y documentación de estos establecimientos para determinar responsabilidades.
Además, fueron cateadas oficinas de la Secretaría de Medio Ambiente estatal ubicadas en Tlalnepantla y Metepec, donde las autoridades aseguraron diversos indicios que serán incorporados a las investigaciones.
Raúl “N” y Carlos Eduardo “N” están vinculados a proceso
Raúl “N” y Carlos Eduardo “N” fueron detenidos el 10 de agosto durante un operativo en el que participaron la FGJEM, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana federal y la Guardia Nacional.
Ambos permanecen recluidos bajo prisión preventiva justificada en el Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Chalco.
El 16 de agosto, un juez vinculó a proceso a Raúl “N” por su probable intervención en el delito de extorsión agravada, mientras que Carlos Eduardo “N” fue vinculado por abuso de autoridad.
La Fiscalía continúa las investigaciones para identificar a otros posibles integrantes de la estructura, determinar el número de verificentros afectados y establecer el monto total que habría obtenido la presunta red desde finales de 2023.
Los señalados deben ser considerados inocentes mientras no exista una sentencia condenatoria en su contra.
Datos
¿Cómo operaba la presunta red de extorsión en verificentros del Edoméx?
Según la FGJEM, utilizaba cobros mensuales, cuotas por líneas de verificación, bloqueos del sistema, restricciones de hologramas y amenazas para presionar a concesionarios.
¿Cuánto dinero pretendía obtener la presunta red?
Las investigaciones señalan que buscaba reunir más de 430 millones de pesos adicionales mediante cobros por revalidaciones, sin contar cuotas mensuales y otros pagos presuntamente exigidos.
¿Cómo afectaba este esquema a los automovilistas?
La Fiscalía señala que algunos concesionarios habrían trasladado parte de las exigencias económicas a usuarios mediante los llamados “brincos”, relacionados con vehículos que no aprobaban las pruebas o verificaban de manera extemporánea.
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