Naucalpan/Estado de México
Es falso que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) acuse al actual gobierno de Naucalpan de malos manejos o desvío de recursos, afirmó la alcaldesa Angélica Moya Marín, quien en conferencia de prensa reprobó que se emitan este tipo de declaraciones sin fundamento.
“Respecto a lo que ha circulado en medios de comunicación sobre el Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2022, en lo que va de mi gobierno las entidades fiscalizadoras no han determinado daños directos ni indicaciones de un mal manejo de recursos, pues actualmente nos encontramos en la etapa de solventación de las observaciones”, expresó.
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Rafael Funes Díaz, Contralor Interno de Naucalpan, relató que la ASF auditó al actual gobierno municipal y emitió diversas observaciones para ser aclaradas, algunas de las cuales ya fueron solventadas, como el caso de los pozos que no estaban en funcionamiento.
“Porque la Comisión Federal de Electricidad (CFE) no había dotado de la energía eléctrica para que funcionaran, y eso ya se solucionó”.
Agregó que en el mismo caso se encuentra los pagos que presuntamente no están de acuerdo con el tabulador.
“Lo hemos ido resolviendo para hacerles ver que los pagos sí son coherentes con el tabulador autorizado. Y ese es el momento en el que estamos, aclarando ante la Auditoría Superior esas observaciones, que son eso, observaciones”.
Moya Marín recordó el caos en que estaba sumido Naucalpan por la anterior administración municipal, que heredó una gran crisis financiera y deuda superior a los 3 mil 500 millones de pesos.
“Debemos recordar que Naucalpan fue víctima de un desfalco por parte de la administración anterior. La corrupción del gobierno de Durán propició la peor crisis en la historia de nuestro municipio, se dejaron de pagar sueldos y prestaciones al personal municipal, pidieron préstamos bancarios que no pagaron y endeudaron a Naucalpan ante la CFE y el SAT. La suma de estas irregularidades llevó al municipio a perder los sellos fiscales y a entrar al Buró de Crédito”, aseguró.
Añadió que el gobierno de Naucalpan emprendió diversas acciones para superar la crisis financiera, como poner orden a la hacienda pública municipal para recuperar la operatividad de la administración y pagar mil 500 millones de pesos de la deuda heredada, recursos que pudieron ejercerse en obras y servicios para beneficio de los naucalpenses, lo que no se llevó a cabo por la irresponsabilidad financiera de la administración de Patricia Durán Reveles. Por ello, la Contraloría Interna inició procedimientos para sancionar a los posibles responsables.
Destacó que, de las 52 observaciones realizadas por el OSFEM al anterior gobierno de Naucalpan, siete se relacionan con el ejercicio indebido de los recursos financieros, 44 con obras públicas y 15 con adjudicaciones indebidas, con posible daño al patrimonio municipal por más de 5 mil 500 millones de pesos, además de que la Contraloría Municipal inició procedimientos para sancionar a los responsables de 225 obras que no fueron concluidas, con monto de más de 225 millones de pesos no comprobados.
A su vez, Funes Díaz detalló que hasta el momento suman 10 exservidores públicos de la anterior administración municipal inhabilitados para ocupar cargos públicos, además de las 52 observaciones que el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México (OSFEM) emitió que no han sido aclaradas, por las cuales próximamente se emitirán las sanciones correspondientes.
Moya Marín indicó que el desfalco se dio principalmente en cuatro vertientes, como la omisión de pagos de sueldos y aguinaldos a personal sindicalizado, eventuales, policías municipales, bomberos e integrantes de Protección Civil; un préstamo bancario a Santander que no fue cubierto por quien lo solicitó, y se dejó de pagar a dependencias como el SAT y CFE, además de la generación de liquidaciones por indemnizaciones, sueldos y salarios caídos.
Ana Patricia Murguía Valdés, tesorera municipal, informó que dio parte de las citadas irregularidades financieras a la Contraloría Interna Municipal para fincar responsabilidades administrativas a presuntos responsables, lo que actualmente está en proceso.
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