En mayo de 2005 el periódico regional, El Conurbado, dio cuenta mediante un reportaje hecho por su directora, Lucila Vázquez: “tala con metralla en el Parque Izta-Popo”.
Como resultado de las vedas mal aplicadas por el gobierno federal desde décadas atrás la tala clandestina se tornó en una figura similar al huachicoleo de gasolina.
Así, de acuerdo con datos de la Comisión Nacional Forestal (Conafor) tan solo en 1947 la región boscosa del Parque Nacional Izta-Popo pasó de 59 mil hectáreas a 26 mil, mismas que se han ido reduciendo.
El reportaje tuvo la intención de despertar el interés de las tres instancias de gobierno de aquel entonces. El desdén se impuso. Sin embargo a casi veinte años de la nota y como resultado del asesinato de defensores de los bosques, que ha tenido una amplia difusión, el gobierno emanado de la Cuarta Transformación si ha tomado cartas en el asunto.
La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México detuvo a talamontes y ha asegurado varios aserraderos con la participación de la Guardia Nacional, la policía y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente.
Pero el problema de fondo no es la tala en si. La Conafor concluyó hace más de dos décadas que los estados de Puebla y Morelos que colindan con el parque Izta-Popo, así como la dinámica de crecimiento poblacional y urbano del estado de México y la capital del país son factores que presionan dicha área natural.
Otros factores que influyen son también la posesión de la tierra, la pobreza de los ejidos y propietarios y su necesidad de allegarse recursos para su subsistencia. La veda de bosques de 1947 se terminó cuando se impuso una explotación aparentemente racional, pero esta derivó en tala clandestina amparada por mafias que se sofisticaron con armas de fuego.
El problema de fondo es estructural.
*Presidente de la ONG Franature
