La Comisión de Derechos Humanos del Estado de México ha logrado que 19 solicitudes de amnistía sean aprobadas por el Poder Judicial. Sumados, los años de perdón alcanzan 404 años con 6 meses. Esto a partir de enero de 2021, cuando se publicó la ley en la materia.
Esas 19 personas, 15 mujeres y 4 hombres, fueron liberadas por el beneficio del olvido legal y extinción de la responsabilidad penal por parte del Estado. Seis de los pronunciamientos ante el Poder Judicial son de personas originarias de pueblos indígenas, aunque dos están pendientes por resolver.
Sus casos fueron considerados e investigados al determinar que sufrieron alguna injusticia por condiciones de marginación, discriminación y pobreza. Por ser personas que se encontraban en situación de vulnerabilidad por alguna cualidad específica, como el género, origen étnico, edad, condición social, condiciones de salud, círculos de violencia, entre otras, y que vivían en contextos que los colocaban en situación de desventaja y trato discriminatorio, enfrentaron un desigual acceso a la justicia.
Silvia, Virginia, Ernesto, Alejandra, Imelda, Irma, Blanca, Raúl, María de la Luz, Delfina, Dominga, Martina, Juan Daniel, Juana Jocelyn, Modesta, Antonia Vianey, Lucía, Reyna y Longino no recibieron un trato justo. Estas personas fueron sentenciadas y ya habían compurgado años de prisión, pero aún les faltaban muchos más. Sus asuntos fueron visibilizados, analizados y hoy están libres.
Pero no se trata solo de cifras. Tienen nombre, apellido y una historia de injusticia detrás de su sentencia. Solo basta contar la de Longino Celestino, el indígena mazahua que la semana pasada logró su libertad luego de 14 años en prisión por fallas estructurales en el sistema de justicia penal.
Él es originario de San Pedro Tlanixco, Tenango del Valle, y es hablante de náhuatl. Sus padres, campesinos, no sabían leer ni escribir. Es el quinto de nueve hermanos, seis hombres y tres mujeres. Vivían en una casa con dos cuartos, una sala y cocina que no tenía servicio de agua potable ni luz eléctrica cuando eran niños.
Vivió descalzo toda su niñez y tuvo sus primeros huaraches hasta los 13 años. Como sucede con muchas familias indígenas, pasaron hambre; apenas tenían para comer. Trabajó desde los 11 años en el campo y a los 16 migró a la ciudad, donde aprendió herrería y electricidad.
Tuvo 11 hijos con su esposa Fortunata. Fue privado de la libertad luego de un problema con familiares que concluyó en una riña y la muerte de uno de ellos. No fueron atendidos en el MP, tampoco en el hospital, entre otras cosas.
Son muchas las historias de vida que podrían estar ahí dentro. Son muchas las vidas que fueron afectadas por un sistema judicial que no atendió, en su momento, las condiciones de los acusados.
El caso de Longino Celestino fue impulsado por la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, que desde 2022 ha presentado 22 solicitudes de amnistía, de las cuales 19 han sido concedidas por delitos graves.
La resolución emitida por el Poder Judicial mexiquense muestra la gravedad del caso. Y es que el proceso judicial al que fue sometido Longino presentó deficiencias del sistema y, además, la ausencia de un abogado defensor con conocimiento de su contexto cultural. Si fue de oficio o privado, es algo que quizá tenga a muchos más en esas condiciones.
Quien llegue a la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México tendrá que continuar con el trabajo realizado en este tema tan importante para la vida de muchas, quizá cientos de familias. Deberá tener una gran coordinación con el nuevo titular del Poder Judicial.
Myrna García Morón, Ricardo Sodi Cuéllar y Fernando Díaz Juárez han avanzado. Pero esto no termina: hay muchas historias más ahí dentro que deberán contarse con un final feliz, o mejor dicho, un final justo.
