Ante la declaración de culpabilidad de Ismael “El Mayo” Zambada y el eminente acuerdo al que llegó con el gobierno de Estados Unidos por los delitos que se le imputan, a cambio de información importante respecto de su actividad delictiva generada tras la creación del Cártel de Sinaloa hace 50 años, y que podría involucrar a connotados políticos del pasado y del régimen actual, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, insiste en que, ante cualquier información que aporte el exlíder del cártel de Sinaloa, deben presentarse pruebas.

Recordando el caso, como antecedente, del general Salvador Cienfuegos Zepeda, detenido en aquel país por presuntos nexos con un grupo de la delincuencia organizada y que, a solicitud del gobierno del expresidente Andrés López Obrador, fue enviado a México para que se llevara a cabo la correspondiente investigación —la cual rompió récord por la velocidad con la que determinó la Fiscalía General de la República que no había pruebas para sustentar su acusación y se le dejó en libertad—, obliga a la referencia con el caso que se comenta.

La rapidez con que el gobierno mexicano absolvió al general generó molestia tanto en las autoridades estadounidenses como en un importante sector de la sociedad mexicana, que no creyeron la versión oficial. Eso alimentó el “sospechosismo” de que nunca existió una investigación seria de este lado de la frontera.

Además, el nuevo episodio que protagoniza “El Mayo” Zambada invoca necesariamente el proceso que se llevó en contra de Genaro García Luna, tan utilizado por el gobierno de López mencionándolo para su conveniencia por haber sido pieza clave en el esquema de seguridad del expresidente Felipe Calderón, enemigo declarado de la 4T y verdadero objetivo de las múltiples referencias del obradorismo.

La incongruencia de la aceptación sobre la acusación, proceso y sentencia de uno, y la inmediata libertad en suelo mexicano de otro, dieron mucho de qué hablar. La doble moral se vuelve más evidente por el escándalo de celebración por la determinación de culpabilidad emitida en contra de García Luna, la cual tuvo sustento en declaraciones de criminales, pero que, al ser mencionado al mismísimo López, catapultó una serie de señalamientos y exigencias para que el abogado del expolicía se retractara. Y la exoneración del militar.

También debe recordarse que García Luna no contaba en nuestro país con alguna orden de investigación o aprehensión que reflejara la posible detención de éste, pero su proceso fue celebrado en exceso por los políticos de la 4T, al extremo de que el expresidente lo tomó como bandera de promoción para su partido, Morena, y le sirvió.

Por otro lado, la detención y traslado del “Mayo” Zambada a EE. UU. dejó en claro algo muy importante: el gobierno de aquel país ya no tiene confianza en el nuestro. López Obrador no lo vio venir; el aseguramiento y traslado del “Mayo” Zambada lo tomaron por sorpresa, y nunca recibió explicación o disculpa alguna, a pesar de exigirla muchas veces. Se quedó, como en otros asuntos, esperando. Lo mismo sucederá con Sheinbaum.

Más aún, la mandataria mexicana se ha quejado constantemente del desinterés del gobierno de Trump para participarle del tema “Mayo” Zambada, que ha hecho muten ante los señalamientos de ésta por hacer trato con los criminales que pertenecen a cárteles, en razón de que fueron declarados como terroristas (unilateralmente, según refiere la mandataria), alegando que la política de aquel país es no negociar con terroristas.

Tal vez la presidenta piensa que el gringo le debe alguna explicación, pero parece que se va a quedar sentada esperando. El tiempo que ha transcurrido sin que la administración Trump haya acusado recibo de los reclamos de Sheinbaum lo dice. El mandatario del país de las barras y las estrellas continúa implacable con su determinación.

De no ser trágico, resultaría divertido. Cada vez que sale la mandataria a solicitarle por enésima ocasión alguna explicación a los estadounidenses, se queda esperando; es lamentable y vergonzosa la indiferencia con que la tratan, sin olvidar que, peor aún, le exigen ir más allá en el combate al narcotráfico, por el hecho de que no ven que haya algún político mexicano importante detenido o que esté siendo investigado por autoridades mexicanas. Es el caso, por ejemplo, del senador Adán Augusto López Hernández, del cual ya se dijo que no hay investigación en su contra.

El capítulo aún no se cierra y va para largo. El envío de una nueva camada de delincuentes hacia el norte no parece ser suficiente. Los vecinos quieren más; ese “más” involucra a importantes personalidades mexicanas. Habría que ver hasta dónde la presidenta sigue protegiéndolos.

La exigencia de presentar pruebas, pruebas y más pruebas por parte de la presidenta para “aceptar algo” de lo que pueda descubrir “El Mayo” Zambada será como pisar su propio pie. Sheinbaum ahora, y antes Andrés López Obrador, acusan con el dedo flamígero a quienes se les ha ocurrido, sin preocuparse siquiera por la falta de pruebas. Festejaron la sentencia de García Luna con testimonios de delincuentes como base de la acusación; pero ante el posible señalamiento de personas identificadas con su movimiento, la consigna es pedir pruebas, pruebas, pruebas.

Aunque no se debe perder de vista que el proceso contra el “Mayo” Zambada se lleva en Estados Unidos, así que lo que pida o deje de pedir la presidenta de México realmente queda sin la mayor importancia. La decisión se encuentra en la Corte Federal de Brooklyn, Nueva York, con el juez Bryan Cogan por el momento.

Con el tiempo se definirá el rumbo a seguir respecto de lo que se pueda involucrar a policías, militares y políticos a los que aseguró Zambada en su confesión, sobornaba, para operar impunemente durante más de cinco décadas.