Imposible aceptar, sin guardar prudente espacio para la duda, la manifestación del gobierno federal en el sentido de que el ex almirante secretario de Marina del gobierno del ex presidente Andrés López Obrador, Rafael Ojeda, no tiene ninguna implicación en las investigaciones del Huachicol Fiscal.
Las declaraciones del secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, y del Fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, el lunes ocho de septiembre durante la “mañanera del pueblo”, sembraron una impresionante cantidad de dudas en lugar de esclarecer las interrogantes del delicado asunto.
La presunta participación de Manuel Roberto y Fernando Farías, sobrinos del ex almirante, en una red de corrupción involucrados en el huachicol fiscal, representa el mayor desfalco que se ha detectado hasta el momento del gobierno que recién terminó el año pasado.
Los sobrinos del ex secretario fueron omnipresentes en diversas actividades de la honorable institución, según trascendió. Manejaban el presupuesto, estaban metidos en las obras públicas; su injerencia, pues, al parecer, no tenía límite. Cabe entonces la pregunta: ¿actuaban con tanta libertad, sin conocimiento del secretario?
La presidenta de México ha dejado claro que su consigna es proteger al ex presidente Andrés López Obrador, así como a los altos mandos que lo acompañaron durante su gestión. Presumir que es el ex mandatario más amado por el pueblo no quiere decir que sea un santo, y si así quiere considerarlo, entonces no debe tener ningún problema en ordenar que la investigación siga su curso para que pueda presumir que todo ocurrió sin su conocimiento; que, de hecho, con base en sus propias manifestaciones, mentiría.
La razón es sencilla: de escalar en la indagatoria, se presentan en el horizonte del tabasqueño duros cuestionamientos; de por sí, ya los tiene con las actividades de sus hijos; de su ex secretario de Gobernación, Adán Augusto López; así como de varios gobernadores morenistas, y ahora, la joya de la corona: el escándalo del huachicol fiscal. Lo que deja en evidencia que todos los caminos conducen a él.
Las cosas se acomodan por sí mismas, la guerra del huachicol, que en su momento impulsó López al inicio de su gobierno, aparece como un fantasma inventado en el que se oculta una serie de decisiones torpes y arbitrarias como aquella, y que derivó en un grave perjuicio para comerciantes y ciudadanos en general; en especial, para habitantes de Tlahuelilpan.
Con el huachicol fiscal el daño al erario es descomunal, se habla de miles de millones de dólares en pérdidas para las finanzas públicas. El tamaño aún se desconoce, pero se habla de cifras aproximadas que refieren que el desfalco asciende a los 9 mil millones de dólares anuales; aunque aún falta mucho camino por andar en el entramado de la indagatoria; que, si la intención es llegar hasta sus últimas consecuencias, el resultado promete ser de diagnóstico reservado y de alcances impensados.
La decisión del ex presidente de militarizarlo todo: obras, seguridad, empresas, y con un presupuesto exorbitante destinado a las fuerzas armadas, a las que se les dejó hacer a placer, se encontró de frente con una realidad inevitable. La corrupción penetra hasta en los lugares más inesperados.
El problema es de tal magnitud que es inevitable recordar las declaraciones de López en varias ocasiones: “Nada de que el presidente no sabía, no se enteraba, lo engañaban, eso es falso. El presidente de México está informado de todo lo que sucede; todas esas transas llevan el visto bueno del presidente, aunque no firme”. Frases que se han venido repitiendo en los últimos días en razón del escándalo.
Esas declaraciones dichas por el propio López someten a dos sexenios: al anterior por lógica propia, y al actual. ¿Qué hará la presidenta? La presión del socio comercial de México cada vez escala más alto en sus exigencias, quiere que caigan más cabezas; quiere a los altos funcionarios que, sin protección, no se puede entender la amplitud de la red de corrupción formada en la Marina.
García Harfuch y Gertz Manero declararon lo que les fue ordenado, pero dejaron más dudas que otra cosa. Bien lo sabe el secretario de Seguridad, sus investigaciones ya le esclarecen el panorama y no puede actuar por la libre, así lo entiende. No puede aceptar que se sienta cómodo afirmando que el ex secretario no sabía. Sin embargo, imposible dejar de lado que son miles de millones de dólares los que se encuentran en medio del daño causado a la economía del país.
Si el ex almirante Ojeda está hasta el cuello del problema, y por ende, raspa al ex titular del Ejecutivo federal, no existe forma de ignorar tal consecuencia. Lo de Gertz Manero es aún más insostenible: declaró que fue el propio ex secretario de la Marina quien le pidió que investigara posible corrupción sin pretender proteger a nadie, hace dos años; entonces, el fiscal incurre en omisión, por lo menos.
Las cosas se ponen color de hormiga, de aquí en adelante imposible detener la inercia del peso que causa el descubrimiento de tan grave corrupción, y aunque le jueguen al olvido del pueblo, éste ya tiene una sentencia silenciosa que difícilmente olvidará.
El hilo conductor lleva directamente a un sexenio que se destacó por gobernar a través de la palabra; de cortinas de humo; de inventar estrategias para contrarrestar opositores y enemigos.
El pañuelo blanco que tantas veces sacó López Obrador presumiendo que ya se había acabado con la corrupción se presenta ahora como una fábula cómica y que, sin el sentimiento de por medio, ese pueblo que lo perdona todo tendrá al menos sembrada la duda.
Incluso, hasta el tan utilizado asunto de García Luna ya parece insuficiente y genera molestia en propios y extraños. Escudar lo que ahora se sabe por el hecho de que “antes hacían” pierde vigencia ante el panorama del escándalo recién destapado y que amenaza con escalar en el descubrimiento de una cadena de corrupción más grande de la que se tenga registro en la historia de México. Sí, están haciendo historia.
