El primero de junio de 2025 marcó un momento histórico para México. Por primera vez, la ciudadanía participó directamente en la elección de las personas responsables de impartir justicia. Quienes formamos parte de este proceso como candidatos tuvimos la oportunidad de recorrer calles, mercados y colonias, dialogar con la gente y escuchar de viva voz sus inquietudes. De esos encuentros surgió una idea constante: a la población sí le interesa el Poder Judicial; le interesa saber quiénes son sus jueces y sentirse escuchada por ellos. Sin embargo, también quedó claro que muchas personas perciben a la justicia como algo lejano y ajeno.
Esta sensación de distancia no surge de la nada. Una de sus principales causas se encuentra en la forma en que se redactan las sentencias judiciales. En muchos casos, las resoluciones emitidas por los tribunales no son claras para la ciudadanía, ya que están escritas con un lenguaje técnico, lleno de conceptos jurídicos complejos y expresiones que solo resultan familiares para quienes se dedican al derecho. Esto provoca que las personas, aun siendo las directamente afectadas por una decisión judicial, no entiendan qué se resolvió ni las razones que llevaron a esa determinación.
A esta dificultad se suma otro problema frecuente: la extensión excesiva de las sentencias. Muchas resoluciones se componen de numerosas páginas cargadas de información repetitiva o innecesaria, lo que comúnmente se conoce como “paja”. Durante años, dentro del ámbito jurídico, se sostuvo la idea equivocada de que una sentencia extensa era sinónimo de calidad. Incluso, se pensaba que entre más larga fuera la resolución, mayor impresión causaría en las partes. La experiencia ha demostrado que es todo lo contrario.
Alargar las sentencias llenándolas de citas textuales de artículos o referencias a libros de consulta que en ocasiones ni siquiera resultan aplicables no fomenta la lectura ni facilita la comprensión; genera desinterés, frustración y descontento, pues la ciudadanía se enfrenta a documentos difíciles de leer y de entender.
Si una sentencia no se lee por su extensión, mucho menos será comprendida. Esta realidad debe invitar a las y los juzgadores a reflexionar seriamente sobre su forma de comunicar sus decisiones. Combatir este problema implica apostar por resoluciones más breves, claras y precisas que expliquen de manera sencilla los antecedentes, los puntos centrales y las razones que dan sustento a la decisión, sin sacrificar el rigor jurídico.
Esto también requiere dejar atrás el uso exagerado de formalismos y lenguaje rebuscado. En su lugar, es necesario adoptar un estilo de redacción más accesible, apoyado en la creatividad, en herramientas tecnológicas y en recursos didácticos que permitan acercar la justicia a la población, sin que esta tenga que recurrir a un especialista para entender una sentencia.
Estoy convencido de que, si las personas juzgadoras en México apuestan por sentencias cortas, claras y comprensibles, la percepción de lejanía entre el pueblo y el Poder Judicial comenzará a cerrarse poco a poco. No olvidemos que llegamos para hacer la diferencia y marcar un claro antes y después de la reforma.
En colaboración con Juan José Pulido Rogel.
