En el Estado de México, de cada diez demandas que llegan a los juzgados, aproximadamente cinco tienen su origen en problemas familiares: alimentos que no se pagan, divorcios, cuidado de hijas e hijos, problemas para convivir con ellos, violencia dentro del hogar, herencias y otros desacuerdos que nacen, casi siempre, en el espacio más cercano: la familia.
Esta realidad nos obliga a detenernos y preguntar: ¿por qué tantos problemas familiares terminan frente a un juez? Los conflictos dentro de las familias son normales. Pensamos distinto, sentimos distinto y enfrentamos la vida de maneras diferentes. El problema no es que existan desacuerdos, sino cuando dejamos de hablar, de escuchar y de cuidar al otro. Cuando el diálogo se rompe, muchas personas sienten que no hay otra salida más que acudir a los tribunales, cuando en realidad esa debería ser la última opción.
En muchos países del mundo se ha entendido que prevenir es mejor que castigar. En lugares como Canadá, España, Chile o Nueva Zelanda, antes de acudir a juezas y jueces, las personas deben intentar dialogar con apoyo profesional, a través de mediación u orientación familiar. Estos espacios permiten que madres y padres comprendan cómo sus conflictos afectan emocionalmente a sus hijas e hijos y que, con acompañamiento, puedan llegar a acuerdos sin necesidad de una sentencia. La experiencia demuestra que, cuando hay escucha y apoyo oportuno, muchas diferencias se resuelven sin romper más los vínculos.
Cuando los problemas no se atienden a tiempo, las discusiones suelen volverse constantes y más agresivas. Aparecen los reproches, los insultos y el resentimiento. En medio de esa situación, los adultos muchas veces se concentran en “ganar” el conflicto, sin darse cuenta de que quienes más sufren son niñas, niños y adolescentes. Ellos no eligen el conflicto, pero sí cargan con sus consecuencias: miedo, tristeza, inseguridad y afectaciones en su desarrollo.
Es en estos casos cuando la intervención del juzgado se vuelve necesaria, no para castigar, sino para proteger a quienes son más vulnerables. Las personas juzgadoras tienen la responsabilidad de colocar en el centro el interés superior de la infancia. ¿Qué significa esto en la práctica? Significa garantizar que las niñas y los niños:
- reciban alimentos, vivienda y atención médica;
- puedan convivir de forma segura con ambos padres, cuando sea posible;
- vivan libres de violencia; y
- cuenten con estabilidad emocional y condiciones adecuadas para su desarrollo.
Para lograrlo, las juezas y jueces pueden establecer reglas claras, desde el pago de alimentos, cuidado de los menores, convivencia supervisada cuando existe riesgo, y dar vista a instituciones especializadas como el DIF (Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia) o la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes. Estas medidas buscan proteger, no romper; cuidar, no castigar.
Aun así, la ley tiene límites. Una resolución judicial puede obligar a cumplir, pero no puede enseñar a amar, a dialogar ni a sanar heridas. Por eso, en países como Suecia o Francia (Centros Municipales, All Children in Focus, Mediación Familiar Obligatoria, etc.), se impulsa la educación emocional y la responsabilidad de los padres: entender que separarse como pareja no significa dejar de ser padres, y que criar con respeto y afecto es una tarea compartida, incluso en medio de las diferencias.
La verdadera solución a una crisis familiar comienza mucho antes de llegar a un juzgado. Empieza cuando reconocemos nuestros errores, cuando escuchamos sin gritar, cuando pensamos en el bienestar de nuestras hijas e hijos antes que en el enojo, y cuando buscamos ayuda si no podemos solos. Cuidar la salud emocional de las personas adultas es también cuidar a la infancia.
La responsabilidad no es solo de las autoridades. Como sociedad, todas y todos tenemos un papel que cumplir. Proteger a niñas, niños y adolescentes, cumplir con nuestras obligaciones básicas, atender nuestra salud mental y priorizar el afecto no es opcional. Cada niño y cada niña es un proyecto de vida único, y su futuro depende, en gran medida, del ambiente en el que crece.
No existen soluciones mágicas. La justicia familiar verdadera no empieza en un juzgado, sino en la comunicación diaria, en el diálogo sincero y en el cariño expresado a tiempo. Cuando las familias logran hablar y escucharse, los tribunales dejan de ser la primera puerta y vuelven a ocupar el lugar que les corresponde: el último recurso para proteger lo más valioso que tenemos.
En colaboración con Adriana Mondragón Loza.
