La arquitectura de la política mexicana atraviesa por un periodo de tensión sistémica donde el eslabón más cercano a la ciudadanía, el municipio, se ha convertido simultáneamente en el campo de batalla predilecto del crimen organizado y el síntoma más agudo de la descomposición nacional. El régimen de la 4T ha centralizado el mando y militarizado la seguridad pública, decisiones que debilitaron a la autoridad local y generaron un vacío de poder que los cárteles de la droga han ocupado con una eficacia alarmante.
La detención de Diego Rivera Navarro (alcalde morenista de Tequila, Jalisco), bajo los cargos de extorsión, secuestro y vínculos directos con el Cártel Jalisco Nueva Generación, marca un punto de quiebre en la narrativa oficial sobre la “pureza moral” de la nueva clase política. Rivera Navarro, conocido en los círculos locales como “el presidente”, no sólo es acusado de liderar una red de corrupción, sino de haber convertido el aparato administrativo del ayuntamiento en una extensión operativa de la delincuencia organizada.
El perfil de Rivera Navarro refleja una tipología preocupante en la política actual, conocida como “narco-político”: metrosexual y sin antecedentes en el servicio público, su ascenso se basó en una campaña mediática, mientras mantenía un estilo de vida ostentoso que incluía viajes internacionales y cirugías estéticas. La desconexión entre los ingresos oficiales del funcionario y su patrimonio es un indicador clásico de corrupción que las instituciones de supuesto control fallaron en detectar o prefirieron ignorar.
Este escenario de corrupción sistémica pone en duda la efectividad de esas instituciones, creadas por el régimen actual, que parecen operar más como herramientas de purga interna o escudos de impunidad, según las evidencias, que como verdaderos órganos de justicia. La dualidad entre el discurso de superioridad moral y las investigaciones criminales ha generado una fractura interna en Morena que amenaza con descarrilar la estabilidad política hacia las elecciones de 2027.
La realidad de la seguridad en México bajo el mando de Claudia Sheinbaum ha sido analizada con rigor por organismos internacionales y prensa extranjera. En estos análisis se ofrece un contraste necesario con las cifras oficiales. El informe “Doble injusticia” de Human Rights Watch (HRW) y los reportajes de The New York Times coinciden en señalar que la mayor amenaza para la estabilidad del país no proviene sólo de la fuerza de los cárteles, sino de la debilidad e infiltración de las instituciones políticas.
El contundente informe de HRW señala que la militarización, continuada y profundizada por Sheinbaum con la Guardia Nacional bajo el mando de la SEDENA, no ha reducido los homicidios y, en cambio, ha incrementado violaciones a los derechos humanos, incluyendo ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas.
Por otro lado, el reportaje firmado por James Wagner en The New York Times revela que la principal preocupación de la presidenta no es el control territorial de los cárteles, per se, sino el impacto político de los posibles nexos de miembros de Morena con la delincuencia organizada. Esta revelación presenta la lógica del poder actual: se prioriza la gestión de la imagen y la “moralidad” del movimiento por encima de una estrategia de seguridad que desmantele las redes de complicidad en beneficio de la nación.
Ante el fracaso evidente de la militarización y la captura de las estructuras políticas, surge una propuesta que podría parecer contradictoria en un contexto de infiltración, pero es la única vía hacia una pacificación sostenible: el fortalecimiento integral de las policías municipales. No se trata de dar más armas o patrullas, sino de refundar el modelo policial bajo principios de autonomía, profesionalismo y humanismo. Para ser efectivos contra los criminales, es necesario fortalecer, de diversas maneras, a estas corporaciones: dignificación policial del servicio de carrera, salarios dignos y prestaciones legales que blinden contra la tentación de la corrupción.
Sin duda, los cuerpos policiacos deben estar facultados para recibir denuncias e iniciar investigaciones preliminares, además de dar respuesta inmediata ante delitos de alto impacto, como la extorsión. Los municipios deben contar con unidades de análisis criminal que sistematicen la información de campo para identificar patrones delictivos. Otro elemento fundamental es desarrollar justicia cívica y prevención social para resolver los conflictos comunitarios antes de que escalen a la violencia criminal.
La atención a los jóvenes en riesgo también debería ser una responsabilidad municipal a través de alternativas terapéuticas y trabajo comunitario. Y, como he comentado en otros textos, es necesario desarrollar un mecanismo de control externo: implementar juntas de supervisión ciudadana y unidades de asuntos internos con autonomía total.
La solución no reside en la centralización autoritaria ni en la entrega total a las Fuerzas Armadas. La seguridad nacional comienza por la seguridad municipal. Fortalecer las policías locales es un acto de soberanía civil.
