¿Qué hacemos para estar más seguros? Invertir en un negocio o elegir dónde vivir son decisiones muy importantes y trascendentes. La gentrificación, los desplazamientos forzados y los asentamientos poblacionales irregulares en zonas de riesgo son fenómenos muy actuales y, si a estos les agregamos la violencia social, la inseguridad pública, la mala planeación urbana, el caos vial y la invasión del espacio público por la irregularidad y el comercio informal, nuestras ciudades se han convertido en tierra de nadie.
¿Quién lo regula? ¿Cómo poner alto al caos? ¿A qué se le da prioridad? ¿A la movilidad, a la seguridad, al bienestar, al desarrollo económico, a la educación, a la vivienda o al medio ambiente? ¿A qué? Todo es importante, urge y no hay dinero que alcance para poner orden, mucho menos para hacer todo al mismo tiempo. Por dónde empezar es el dilema. El crecimiento poblacional, el salvaje ritmo del mercado y sus reglas autoimpuestas han llevado a un desborde de la actividad humana y todo tiende a hacerse hacia los márgenes del espacio, de la ley y de la convivencia humana.
Desde la proliferación de franeleros, la obstrucción de las aceras y la privatización del espacio común, sumados al cobro del derecho de piso impuesto por la delincuencia organizada a comerciantes; la contaminación del agua, del aire y de los alimentos, la transgresión del uso del suelo, el abuso de poder, la corrupción, la pobreza, los accidentes, los incendios, las inundaciones… ¿Y si tiembla? Así es la vida, todos los días, en la CDMX y el Edomex.
El ordenamiento territorial en México es un asunto de propiedad y jurisdicción. Los tenedores de la tierra poseen el 95% del territorio y el Estado tiene custodia solo del 5 por ciento, pero tiene la potestad de regular todo y jamás lo ha logrado. Sin embargo, el deterioro de la vida social y el desborde de los límites entre el bien común, la utilidad pública y la explotación de la propiedad privada por encima del medio ambiente nunca habían sido más evidentes ni más graves.
Una premisa acuñada hace más de un siglo, atribuida a Lord Kelvin, decía que aquello que no puedes medir no lo puedes gestionar. En tal sentido, si no conoces tu territorio, lo que hay en él, lo que hay debajo, cómo se compone, cómo se comporta y qué lo caracteriza, será imposible transformarlo. Así pues, el conocimiento del territorio mexicano aún sigue siendo suerte de quienes lo caminan, lo viven y lo transforman. No así de la autoridad, no así del Estado ni de quienes tienen su representatividad.
En México, solo el 20% de los 2,462 municipios tiene un Atlas de Riesgo actualizado. La representación geográfica y el dominio espacial de una demarcación territorial y política, en términos de sus peligros, riesgos, oportunidades de desarrollo y capacidades de resiliencia, continúan siendo desconocidos por los tomadores de decisiones y por los líderes formales responsables de la política pública.
Una condición tan básica como saber qué hay y qué ocurre en la demarcación territorial asignada no es posible alcanzarla por funcionarios que cada tres años se relevan en los ámbitos municipales en términos de medio ambiente, obra pública, desarrollo económico, gestión del agua y protección civil. Mucho menos si carecen de tecnología y metodología. Un Sistema de Información Geográfica (SIG), un conjunto de datos estadísticos, económicos, poblacionales, de salud, seguridad, infraestructura, servicios, de protección, etc., no es posible reunirlos en un solo espacio físico de representación para poder verlos sin el uso de una computadora o un dispositivo tecnológico con acceso ágil a internet.
En nuestro país, desde hace 25 años, el Centro Nacional de Desastres (CENAPRED) inició con esta tarea de reunir e integrar, de una forma inteligente, lógica y sistemática, información geográfica para el desarrollo de un sistema de prevención, a través del Atlas Nacional de Riesgos (ANR), para la toma de decisiones y la salvaguarda de la población. Este sistema ha acumulado casi 12,000 capas de información geográfica en un cuarto de siglo y debe darse a conocer, así como sus posibilidades de expansión y diversificación para múltiples ámbitos del quehacer público en beneficio de la población. De eso van las siguientes entregas de esta columna en el mes de marzo. ¡Que su semana sea de éxito!
Hugo Antonio Espinosa
Funcionario, Académico y Asesor en Gestión de Riesgos de Desastre
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