En nuestro sistema jurídico sobra evidencia de la existencia de derechos, sendas normas que reflejan una intensa producción legislativa. Los tribunales también existen y funcionan. Sin embargo, para una parte importante de la sociedad, la justicia sigue siendo algo distante, incierto, lento y costoso.
La experiencia cotidiana revela una realidad incómoda: el derecho existe sin que la justicia llegue a quienes más la necesitan. No me refiero solo a México. En diversos sistemas observamos que el simple reconocimiento formal de derechos no garantiza que las personas puedan ejercerlos.
Durante décadas, la teoría jurídica se concentró en discutir la validez de las normas o la coherencia del sistema legal. Pero en la segunda mitad del siglo XX, algunos filósofos comenzaron a plantear una pregunta distinta, que a la fecha no tiene una respuesta universal: ¿cómo saber si una sociedad es realmente justa?
John Rawls replanteó esta discusión; el filósofo político sostenía que las instituciones de una sociedad deben diseñarse como si nadie supiera qué lugar ocupará dentro de ella. La justicia, en esta visión, no es una virtud individual, sino una propiedad de las instituciones que organizan la vida social, dando pie a un orden en el que los extremos de privilegio y desigualdad no se desbordaran, consiguiendo un equilibrio social óptimo.
Por otra parte, el economista y filósofo hindú Amartya Sen introdujo una crítica decisiva. Según su enfoque, la justicia no puede evaluarse únicamente por los bienes o derechos que una sociedad distribuye, sino por las capacidades reales que tienen las personas para transformar esos recursos en oportunidades de vida; es decir, el problema no es solo cuántos derechos existen, sino la capacidad para que las personas los materialicen en beneficio propio.
Esta perspectiva resulta especialmente relevante para comprender el problema de la justicia. Un derecho puede estar perfectamente reconocido en la norma y, sin embargo, permanecer fuera del alcance de quienes más lo necesitan.
Por esa razón, el debate sobre la justicia ha comenzado a desplazarse hacia una pregunta más concreta: cómo convertir el derecho en una herramienta de justicia sin ambigüedades ni cálculos políticos.
Hablar de ello no significa negar la importancia del derecho ni desconocer el valor de las instituciones judiciales. Al contrario, los tribunales existen para resolver conflictos, proteger derechos y restaurar equilibrios sociales. Cuando ese objetivo se cumple solo parcialmente, la justicia deja de ser satisfacción personal y social para convertirse en privilegio desigual.
Construir una justicia efectiva implica cerrar la distancia entre el derecho y la realidad. Supone que las personas puedan acceder a los tribunales sin obstáculos visibles o invisibles, comprender las decisiones que afectan su vida y obtener resoluciones capaces de producir efectos concretos.
También implica reconocer que la transformación tecnológica, la creciente complejidad de los conflictos sociales y el volumen de litigios están obligando a muchos sistemas jurídicos a repensar la forma en que se organiza el Estado para impartir justicia. Estos son algunos de los desafíos institucionales que enfrentamos en el siglo XXI.
