El 12 de julio de 1553, en la Real y Pontificia Universidad de México y un jurista llamado Bartolomé Frías y Albornoz sube al estrado para inaugurar la primera cátedra de leyes que habría de impartirse en el continente americano: la Cátedra de Prima de Leyes. No hay electricidad ni ventiladores; hay velas, sudor, el murmullo de una ciudad que todavía huele a piedra recién labrada sobre las ruinas de Tenochtitlan. Los estudiantes —criollos casi todos, hijos de conquistadores o de funcionarios de la Corona— abren el Digesto, el Código, la Instituta. Estudian el Corpus Juris Civilis como si fuera una lengua sagrada, porque en cierto sentido lo era: la lengua con la que España había justificado, ordenado y también, contradictoriamente, limitado la posesión de un mundo entero.
Lo que casi nadie recuerda, al brindar cada 12 de julio por el Día del Abogado —fecha instituida en 1960 por decreto del presidente Adolfo López Mateos, a petición del Diario de México y de su director Federico Bracamontes Gálvez—, es que aquella aula se abrió apenas dos años después de que en Valladolid, España, dos hombres discutieran ante la corte de Carlos V si los indios americanos tenían alma, si eran sujetos de derecho o simple materia de conquista. Bartolomé de las Casas defendía la humanidad plena de los pueblos originarios; Juan Ginés de Sepúlveda argumentaba, con Aristóteles bajo el brazo, que existían servidumbres naturales. El debate de Valladolid no tuvo un veredicto único ni definitivo. Pero dejó una pregunta flotando sobre América, una pregunta que llegó también a este continente en los libros que se leían en aquella primera cátedra: ¿puede el derecho, nacido para ordenar el poder, servir también para limitarlo? ¿Puede la ley del conquistador convertirse, alguna vez, en el arma del conquistado?
Esa es la paradoja fundacional de la abogacía en México, y por eso vale la pena, en este 12 de julio, no conformarnos con la felicitación de rigor ni con la fotografía de la toga y el birrete. Vale la pena preguntarnos qué celebramos exactamente cuando celebramos a quienes ejercen el derecho.
Durante los primeros siglos de la Colonia, el derecho fue, ante todo, un instrumento de dominación. Las Leyes de Burgos de 1512 y las Leyes Nuevas de 1542 —estas últimas arrancadas a la Corona gracias a la insistencia incansable del propio Las Casas— intentaron poner límites a la encomienda y a los abusos contra los pueblos indígenas, pero coexistieron durante generaciones con un sistema que despojaba tierras, imponía tributos y convertía cuerpos en mano de obra forzada. El derecho ordenaba el despojo con la misma pluma con que, a veces, intentaba contenerlo. Ahí radica su naturaleza inquietante: nunca es neutro, nunca es inocente, y quien lo ejerce sin conciencia de esa ambigüedad corre el riesgo de convertirse en notario del poder antes que en garante de la justicia.
Pero de esas mismas aulas coloniales, con esos mismos libros escritos para sostener un imperio, saldrían generaciones de abogados que aprenderían a usar las herramientas del amo contra la casa del amo, para decirlo con la imagen que tomó prestada Audre Lorde de otro contexto pero que aquí resulta, curiosamente, exacta. Miguel Hidalgo no era abogado, pero se formó en un Colegio de San Nicolás donde el derecho canónico y el derecho natural circulaban con la misma fuerza que las ideas ilustradas. Los constituyentes de 1857 sí lo eran, casi todos: Ponciano Arriaga, diputado por San Luis Potosí, subió a la tribuna del Congreso Constituyente para denunciar, con una vehemencia que todavía se lee con el pulso acelerado, "el clamor de las masas hambrientas de tierra" y para exigir que la nueva Constitución reconociera el derecho de los desposeídos frente a los latifundios heredados de la Colonia. Ignacio Ramírez, el Nigromante, usó su toga y su pluma —a veces la misma arma— para desafiar tanto al poder eclesiástico como al poder político, y llegó a proclamar desde la tribuna que "no hay Dios, los seres de la naturaleza se sostienen por sí mismos", no por impiedad gratuita, sino porque entendía que ninguna autoridad, ni siquiera la divina invocada por los privilegios seculares, podía estar exenta de la razón crítica.
Y está, sobre todo, Benito Juárez: un niño zapoteca de San Pablo Guelatao que no hablaba español al llegar a Oaxaca, que se formó como abogado en el Instituto de Ciencias y Artes, y que terminaría presidiendo la República y firmando las Leyes de Reforma que despojaron a la Iglesia de sus fueros y bienes territoriales, consolidando la idea —todavía revolucionaria en su tiempo— de que la ley debía ser igual para todos, sin importar sotana, casta ni apellido. Ahí, en la biografía de Juárez, se cierra un círculo casi literario: el hijo de los pueblos que el derecho colonial había tratado como materia de conquista se convirtió, gracias precisamente al derecho, en el arquitecto jurídico de un país distinto. La misma disciplina que en 1553 se enseñaba para administrar un imperio de castas terminó, tres siglos después, en las manos de quien desmontaría buena parte de ese andamiaje de privilegios.
Esta no es una anécdota decorativa. Es el argumento central: el derecho no tiene una esencia fija, buena o mala; tiene una historia de disputas, y esa historia la escriben, todos los días, quienes deciden para qué usan su toga.
Conviene decirlo sin solemnidad hueca: ejercer el derecho no es simplemente conocer códigos ni litigar con destreza retórica. El jurista alemán Gustav Radbruch, que había sido positivista convencido antes de ver cómo las leyes del régimen nazi convertían el exterminio en procedimiento administrativo, escribió después de 1945 una fórmula que sigue incomodando a quienes prefieren el derecho sin preguntas: cuando una norma contradice de manera insoportable la justicia, esa norma pierde su carácter de derecho. Es decir, la legalidad no basta. Puede haber leyes injustas perfectamente válidas en su forma y perfectamente corruptas en su contenido. Reconocer esa distinción —entre lo legal y lo justo— es quizá la lección más incómoda y más necesaria que puede aprender quien se dedica a esta profesión.
En México, esa lección tiene ecos particulares. Hemos tenido códigos impecables en su redacción y realidades que los desmentían todos los días: leyes agrarias que no llegaban a los ejidos, leyes laborales que no protegían a quien trabajaba dieciséis horas en una maquila, leyes de amparo que, en la letra, garantizaban derechos que en la práctica exigían meses o años de litigio inaccesible para quien no tenía para pagar un abogado. La distancia entre el derecho escrito y el derecho vivido ha sido, históricamente, el territorio donde se mide la honestidad de una profesión entera. Porque hay dos maneras de ser abogado: la de quien usa el conocimiento jurídico como llave para abrir puertas que a otros —los que no saben leer un expediente, los que no entienden la diferencia entre un amparo directo y uno indirecto, los que no tienen tiempo ni dinero para esperar una audiencia— les están cerradas; y la de quien usa ese mismo conocimiento como palanca de su propio beneficio, indiferente a quien queda del otro lado del mostrador.
La abogacía, entendida en su sentido más noble, es una forma de traducción. Traduce el dolor concreto de una persona despojada de su tierra, de su salario, de su libertad o de su dignidad, al lenguaje formal que un juez puede reconocer y ante el cual está obligado a responder. Sin esa traducción, el sufrimiento sigue existiendo, pero no existe jurídicamente: no puede ser reparado, no puede ser sancionado, no puede ser nombrado ante el Estado. El abogado —la abogada— es, en ese sentido, quien presta su voz técnica a quien no puede hacerse escuchar solo. No es casualidad que las comisiones de derechos humanos, los defensores de oficio, los litigantes de causas colectivas, compartan un mismo gesto fundacional: escuchar primero, para después poder litigar.
Vivimos tiempos en que la palabra "derechos humanos" se pronuncia con la misma facilidad con que se banaliza. Se invoca en discursos que después no se traducen en política pública; se cita en documentos que no llegan a las comunidades que más los necesitan. Por eso resulta más urgente, no menos, recordar que detrás de cada expediente de tortura documentada, de cada desaparición investigada, de cada desplazamiento forzado que llega a una comisión de derechos humanos, hay una persona con nombre, con una historia interrumpida, con una familia que espera una respuesta que la burocracia tarda demasiado en dar. El derecho, cuando se ejerce con seriedad ética, no es un ejercicio de erudición: es un acto de reparación de la dignidad arrebatada.
Esa es, quizás, la enseñanza más profunda que podemos rescatar del origen colonial de esta profesión en América. El derecho nació aquí, en esta tierra, atado a la pregunta sobre quién cuenta como persona plena y quién no. Esa pregunta —lejos de haberse resuelto en el siglo XVI— sigue viva: se formula hoy cuando se discute el acceso a la justicia de las comunidades indígenas en su propia lengua, cuando se litiga por la desaparición de migrantes que cruzan el país sin papeles ni voz política, cuando se defiende a mujeres que denuncian violencia en sistemas que históricamente no les creyeron, cuando se acompaña a personas privadas de su libertad en condiciones que ninguna sentencia autorizó. Cada una de esas causas es, en el fondo, una reedición contemporánea del debate de Valladolid: quién cuenta, ante la ley, como sujeto pleno de derechos, y quién queda todavía, aunque nadie lo diga en voz alta, del lado de la sombra.
Por eso el verdadero homenaje al Día del Abogado no debería ser la autocelebración gremial, sino la revisión honesta de qué tan lejos estamos, cada quien desde su trinchera —el litigio, la academia, la función pública, la defensoría de oficio, las comisiones de derechos humanos— de merecer la toga que llevamos. No se trata de un llamado a la culpa, sino a la memoria activa: recordar que esta profesión existe, en última instancia, para poner límites al poder y voz a quien no la tiene, y que cada vez que renuncia a esa función —cada vez que se convierte en técnica al servicio del más fuerte— traiciona su origen más digno, aunque conserve intacta su elegancia formal.
Hay una frase del jurista uruguayo Eduardo Couture, incluida en su célebre Decálogo del Abogado, que merece repetirse no como cita decorativa sino como brújula: "Tu deber es luchar por el Derecho; pero el día que encuentres en conflicto el Derecho con la Justicia, lucha por la Justicia." Esa frase, escrita a mediados del siglo XX, podría haber sido pronunciada en aquella aula de 1553, frente a Bartolomé Frías y Albornoz y sus alumnos criollos, como advertencia anticipada de todo lo que vendría: siglos de leyes usadas para despojar y siglos de leyes usadas para reparar, una misma disciplina dividida entre servir al poder o servir a la persona.
Cada 12 de julio, y cuando alguien levante una copa por el Día del Abogado, valdría la pena que ese brindis no sea solamente gremial, sino que lleve dentro una pregunta incómoda y necesaria: ¿de qué lado de la historia decide estar cada quien que porta esta toga? Porque el derecho, desde aquella primera cátedra hasta las salas de audiencia de hoy, nunca ha sido un territorio neutral. Es, y seguirá siendo, el lugar donde una sociedad decide, una y otra vez, si la dignidad humana es un principio o apenas una palabra escrita en el papel. La abogacía que honra su origen es la que sigue haciéndose esa pregunta, sin darla nunca por resuelta del todo. Ese, y no otro, es el verdadero linaje de quienes ejercen el derecho: no el de los herederos de un privilegio, sino el de los guardianes inquietos de una duda que nunca debería cerrarse.
