“El crimen más grande que puede cometerse contra cualquier ciudadano es negarle una educación que lo emancipe de la miseria y la excomunion.”
Ignacio Ramírez Calzada, “El Nigromante”
Hay un momento en la historia de México que merece leerse en silencio, con la misma reverencia con que se abren los libros prohibidos. Corría el año de 1846 cuando un joven abogado de apenas veintiocho años, nacido en San Miguel de Allende y criado entre los vendavales del liberalismo, se presentó ante la Academia Literaria de San Juan de Letrán. Los hombres más ilustres de su época lo aguardaban. Nadie esperaba lo que iba a decir. Con la voz serena de quien no teme al rayo, Ignacio Ramírez Calzada pronunció las palabras que sacudirían al México clerical hasta sus cimientos: "No hay Dios; los seres de la naturaleza se sostienen por sí mismos". El escándalo fue inmediato. Las protestas, encendidas. Y, sin embargo, se le permitió el ingreso. El pensamiento, cuando es genuinamente libre, abre puertas que la ortodoxia mantiene cerradas.
Ese mismo hombre —al que la historia y sus contemporáneos apodaron "El Nigromante", el hechicero, el convocador de espíritus— llegó poco después a Toluca. No a invocar demonios, sino a hacer algo infinitamente más subversivo: enseñar. En el Instituto Literario de Toluca, institución que es hoy el corazón histórico de la Universidad Autónoma del Estado de México, Ignacio Ramírez Calzada ejerció como profesor de literatura y derecho. Fue, en ese espacio, más que un maestro: fue una conciencia en pie de guerra.
El Instituto Literario de Toluca era, en aquellos años turbulentos, mucho más que un recinto educativo. Era el campo de batalla donde se disputaba el alma de la república. El gobernador Francisco Modesto de Olaguíbel lo había reactivado en 1846 con fondos públicos, convencido de que la instrucción era la única palanca capaz de mover al pueblo hacia la dignidad. Ramírez, que formaba parte de su gabinete, no se limitó a impartir cátedra: propuso una ley audaz que obligaba a cada municipio del Estado de México a enviar a un joven inteligente y pobre —preferentemente indígena— a estudiar en el Instituto, con los gastos cubiertos por el erario municipal. Era una política pública avant la lettre —avanzada a su tiempo—, una afirmación de que el conocimiento no debía ser prerrogativa de las familias con apellidos sonoros y cuentas bancarias bien nutridas.
Uno de los frutos más luminosos de aquella siembra fue Ignacio Manuel Altamirano, hijo de una familia indígena nahua de Tixtla, Guerrero, que gracias a esas becas municipales pudo estudiar en el Instituto Literario de Toluca bajo la tutela de Ramírez. El maestro vería en él algo que México todavía no sabía que necesitaba: un escritor capaz de pensar la nación desde sus márgenes, desde sus heridas, desde su lengua más antigua y sus silencios más profundos. La relación entre El Nigromante y Altamirano es, en sí misma, una metáfora de lo que la educación hace cuando es auténtica: transforma no solo al estudiante, sino también al tejido social que lo recibe.
Pero el poder clerical y sus aliados no tolerarían por mucho tiempo aquella perturbación. Ramírez fue separado de su cargo en el Instituto por sus ideas liberales. La misma mente que proponía universalizar el acceso a la enseñanza fue declarada peligrosa para los fines de la enseñanza. Esta paradoja —expulsar de las aulas al hombre que más creía en ellas— no es una anomalía histórica. Es un patrón que se repite con dolorosa constancia en los momentos en que la educación amenaza con cumplir su promesa más radical: emancipar.
El pensamiento de Ignacio Ramírez Calzada tiene una dimensión jurídica que con frecuencia se eclipsa bajo el brillo de su fama como polemista y escritor. Ramírez entendió —décadas antes de que la filosofía del derecho lo codificara con esa claridad— que la educación no es un favor que el Estado concede a los ciudadanos, sino una obligación irrenunciable que el Estado contrae con ellos. Su frase más memorable, la que abre esta columna, no es solo una proclama moral, es el borrador de un derecho fundamental: "El crimen más grande que puede cometerse contra cualquier ciudadano es negarle una educación que lo emancipe de la miseria y la excomunión".
La distinción importa. Instruir puede ser domesticar; capacitar puede ser funcionalizar. Emancipar es otra cosa: es dotar al ser humano de la posibilidad de pensarse a sí mismo, de cuestionar la autoridad que lo rodea, de imaginar mundos distintos al que le fue impuesto por la cuna. Ramírez, que había recibido una formación rica en ciencias, filosofía, historia, literatura y artes —algo inusitado en su época—, sabía por experiencia propia que el conocimiento ensanchaba el territorio de lo posible. Y sabía, también, que esa expansión resultaba insoportable para quienes vivían del monopolio del saber.
Cuando en 1861 el presidente Benito Juárez lo nombró secretario de Justicia e Instrucción Pública, Ramírez convirtió esa certeza en política de Estado. En apenas cuatro meses de gestión, fundó la Biblioteca Nacional y unificó la educación primaria. Hay pocos actos de gobierno tan densos en significado: unificar la educación primaria era declarar que todos los niños de México merecían la misma puerta de entrada al conocimiento, independientemente del estado en que nacieran o del dios que sus padres adoraran. Fundar la Biblioteca Nacional era reconocer que la memoria colectiva de un pueblo necesita un hogar.
La Universidad Autónoma del Estado de México guarda en su ADN institucional la huella de El Nigromante. No como reliquia museificada, sino como pregunta viva. Cuando la UAEMéx habla de autonomía, invoca sin saberlo aquel espíritu que Ramírez encarnó con los pies en Toluca y la mirada puesta en una república todavía por construir.
La autonomía universitaria no es un capricho administrativo: es la institucionalización de la convicción nigromantina de que el pensamiento libre no puede sobrevivir bajo la tutela del poder político ni del dogma religioso.
El monumento que, como rector, impulsé colocar en el Palacio de los 100 Arcos de la UAEMéx, además de la firma del decreto de creación de la cátedra que lleva su nombre, no fue solo un gesto de gratitud histórica. Fue un testimonio de que las instituciones educativas tienen una deuda permanente con quienes pagaron el precio más alto por defenderlas: el exilio, la cárcel, la excomunión simbólica. El Nigromante conoció todas esas formas de castigo. Fue encarcelado por fundar periódicos incómodos. Fue expulsado de las aulas por su radicalismo. Fue desterrado durante la intervención francesa. Y, sin embargo, regresó siempre. Porque los hombres que han encontrado en el conocimiento su razón de ser no pueden vivir en el silencio impuesto.
Hay algo profundamente contemporáneo en el itinerario de este hombre que murió el 15 de junio de 1879, a los sesenta años, con la dignidad intacta y el pensamiento encendido. En un tiempo en que los presupuestos educativos se recortan con la misma tranquilidad burocrática con que se firma un oficio rutinario, la figura de El Nigromante interpela a las instituciones y a los ciudadanos. En un tiempo en que la autonomía universitaria es presionada desde distintos flancos —económicos, políticos, ideológicos—, el hombre que fue separado de las aulas por pensar distinto nos recuerda cuál es el verdadero enemigo de la educación: no la pobreza, no la ignorancia, sino la voluntad de mantenerla.
Ignacio Ramírez Calzada no era un nigromante en el sentido que le atribuían sus detractores —no invocaba espíritus del inframundo—. Era algo más peligroso: invocaba conciencias. Abría mentes que el sistema prefería cerradas. Señalaba derechos donde el poder solo veía favores. Y lo hacía desde las aulas, desde la prensa, desde el recinto legislativo, desde los márgenes de las Leyes de Reforma que él mismo contribuyó a redactar. La Constitución de 1857 lleva en su espíritu la impronta de este hombre que llegó a Toluca con una convicción y se fue con un legado.
La Universidad Autónoma del Estado de México, heredera de aquel Instituto Literario donde El Nigromante enseñó y fue censurado, tiene hoy la responsabilidad de mantener encendida esa llama. No como homenaje ritual, sino como práctica cotidiana: garantizar que cada estudiante que cruce sus puertas encuentre una educación que no lo adapte al mundo, sino que lo capacite para transformarlo. Que no lo pacifique con certezas prestadas, sino que lo inquiete con preguntas propias.
Porque, si algo nos enseña el aniversario luctuoso de Ignacio Ramírez Calzada, es que las universidades no existen para reproducir el orden establecido. Existen, como él nos lo mostró desde estas tierras del Altiplano, para conjurar un mundo más justo. Y ese conjuro —el más difícil, el más necesario— comienza siempre en el aula.
