Cada operativo contra el huachicol repite el mismo libreto: millones de litros asegurados, tanques y maquinaria industrial exhibidos ante las cámaras, comunicados triunfalistas de la Fiscalía General de la República. Y, casi invariablemente, cero detenidos. En Reynosa, cuatro millones de litros y ni una sola captura. En Cadereyta, más de un millón de litros y el mismo vacío. San Luis Potosí, Hidalgo, Morelos… el patrón se repite con precisión inquietante. Cuando la excepción se vuelve regla, ya no hablamos de fallas aisladas, sino de un diseño.
La versión oficial es que los inmuebles se encontraban "aparentemente abandonados". Pero, si las minirrefinerías encontradas contaban con videovigilancia, antenas de transmisión, líneas de producción química y capacidad para procesar millones de litros, necesariamente operaban con el conocimiento, tolerancia o protección de alguna autoridad. Instalar y sostener esa infraestructura exige capital, logística y —sobre todo— tiempo para instalarlas y operarlas sin interferencias externas. Ese tiempo solo lo garantiza la complicidad activa, o por omisión, de quienes debieran impedirlo.
El huachicol ya no es la perforación manual de un ducto. Es una economía criminal industrializada que también captura el comercio exterior: el llamado huachicol fiscal (contrabando de combustible), mediante el cual, embarques completos de combustible se declaran fraudulentamente como aditivos o solventes para evadir el IEPS y el IVA. Esto no ocurre en la clandestinidad de un paraje despoblado. Ocurre en aduanas marítimas y terrestres, bajo la firma de agentes aduanales y funcionarios que autorizan esas fracciones arancelarias. Hablar de "robo de combustible" sin nombrar esa cadena de complicidades es, cuando menos, una simplificación cómoda.
El costo es medible y brutal. El Observatorio Ciudadano de Energía calculó en 123,500 millones de pesos el daño económico de este negocio clandestino durante 2025. La sola evasión de IEPS e IVA representó cerca de 177,170 millones de pesos en un año. Casi el presupuesto completo de la Secretaría de Energía, desviado del erario hacia estructuras criminales. Ese dinero no se pierde en abstracto, tiene consecuencias palpables en la vida cotidiana: la escuela sin reparar, el hospital sin insumos, la patrulla municipal que nunca llega, las calles, avenidas y periféricos llenas de hoyos e inundadas. Cada litro de combustible robado con protección institucional es, en los hechos, un impuesto que el crimen organizado le cobra en salud pública, educación y seguridad a millones de mexicanos que no se benefician de este negocio.
Tampoco el consumidor está exento del costo humano. Se estima que hasta un 30% de la gasolina expendida en el país presenta adulteración con naftas, ácido sulfúrico o mezclas que destruyen motores y ponen en riesgo la seguridad vial y, principalmente, la salud de todas y todos. Frente a esto, la Profeco apenas alcanza a conciliar el reembolso de la carga, mientras el ciudadano absorbe reparaciones que pueden llegar a los 77 mil pesos. El Estado que no logra detener a los operadores del huachicol, tampoco protege a quien sufre sus consecuencias en la bomba de gasolina.
Lo más grave no es solo la debilidad institucional, sino la incapacidad de funcionar. Un Estado que decomisa activos, pero nunca toca redes de poder, administra la impunidad con eficacia mediática. El aseguramiento se convierte en espectáculo que sustituye a la justicia, mientras la cadena de mando —empresarial, aduanera, política— permanece intacta. Eso no es incapacidad, es control criminal tolerado desde arriba.
Desde una perspectiva humanista, esto no puede leerse solo como un problema fiscal o de seguridad pública. Es una traición al pacto básico entre gobernantes y gobernados: proteger la vida, el patrimonio y los recursos comunes de la ciudadanía. Cuando el aparato de justicia decide sistemáticamente qué perseguir y dónde mirar hacia otro lado, deja de ser un árbitro neutral y se convierte en cómplice funcional del daño que dice combatir.
Revertir esto exige más que decomisos fotogénicos. Se requiere acortar los tiempos entre inteligencia y cateo para evitar fugas ventajosas; congelar cuentas desde la Unidad de Inteligencia Financiera al mismo tiempo que se ejecutan los operativos; auditar de forma externa y permanente a la cadena aduanera y dotar a la Profeco y a la CRE de facultades reales para sancionar a quien venda combustible adulterado. Sobre todo, se necesita voluntad política para perseguir operadores en todos los niveles de cooperación y no solo tanques vacíos.
Mientras el gobierno siga midiendo su éxito en litros asegurados y no en responsables procesados, el mensaje hacia las estructuras criminales será el mismo: el huachicol es un costo operativo asumible, no un riesgo real. Y ese mensaje, enviado con cada expediente sin vinculación a proceso, es la corrupción más elocuente de todas.
