La derogación de la figura de interdicción y el reconocimiento de la capacidad jurídica plena de las personas mayores de edad representan un cambio profundo en la manera de entender la relación entre autonomía, dignidad y Derecho. El nuevo paradigma parte de una premisa importante: una persona no pierde su capacidad jurídica por encontrarse en una situación de discapacidad o por presentar alguna condición que dificulte la toma de decisiones. En su lugar, el sistema debe procurar los apoyos necesarios para que pueda ejercer sus derechos.
Sin embargo, el verdadero desafío aparece en los casos límite: ¿qué sucede cuando no existe ningún medio para conocer la voluntad y preferencias de una persona? Es precisamente en este escenario donde los apoyos extraordinarios adquieren especial relevancia, pero también donde surge el riesgo de que, bajo una nueva denominación, se reproduzca la antigua sustitución de la voluntad.
El problema no consiste únicamente en determinar quién puede intervenir, sino cómo debe hacerlo sin sustituir arbitrariamente a la persona. Si un tercero decide conforme a lo que considera que es "lo mejor" para ella, podríamos regresar a una lógica paternalista. Pero tampoco parece suficiente afirmar que toda decisión expresada debe respetarse de manera absoluta, especialmente cuando existen circunstancias que pueden afectar la comprensión de la realidad o de las consecuencias de un acto.
Por ejemplo, imaginemos a una persona adulta que, pese a encontrarse bajo tratamiento médico y tener una condición psiquiátrica controlada, decide gastar la totalidad de una herencia en dulces o juguetes, dejando de lado recursos necesarios para su vivienda, alimentación o medicamentos. La persona ha expresado claramente su voluntad. En principio, existe una preferencia identificable.
Esto me lleva a plantear una pregunta: ¿cómo debe responder el Derecho cuando una persona conserva su capacidad jurídica, pero determinadas circunstancias pueden afectar su comprensión de las consecuencias de una decisión? La respuesta no puede consistir en equiparar automáticamente la voluntad con la ausencia de protección. Tampoco puede consistir en considerar inválida una decisión simplemente porque otros la juzguen irracional.
Las personas tienen derecho a tomar decisiones que otros consideran equivocadas. El reto aparece cuando realmente no es posible conocer su voluntad o cuando existen elementos objetivos que impiden comprender las consecuencias de una decisión concreta. Por ello, los apoyos extraordinarios deben analizarse como una herramienta excepcional y cuidadosamente delimitada. Su finalidad no debería ser decidir por la persona, sino garantizar sus derechos cuando los mecanismos ordinarios resulten insuficientes.
El nuevo paradigma no elimina las situaciones humanas que antes se intentaban resolver mediante la interdicción; lo que cambia es la respuesta jurídica frente a ellas. El reconocimiento de la capacidad jurídica plena constituye apenas el punto de partida. El verdadero reto consiste en encontrar una forma de proteger a quien no puede manifestar su voluntad sin dejar de reconocerlo como sujeto pleno de derechos.
La cuestión pendiente, por tanto, es determinar hasta dónde puede llegar esa intervención sin que la protección termine convirtiéndose nuevamente en sustitución. En esa frontera se encuentra, probablemente, uno de los problemas jurídicos más complejos que plantea el nuevo régimen de capacidad jurídica.
Dr. Gonzalo Levi Obregón Salinas. Profesor del sistema Universidad Abierta y Educación a Distancia (SUAyED) FES Acatlán, UNAM y miembro del Sistema Nacional de Investigadores (SNI I).
Esta columna se realiza en conjunto con la Lic. Mariana González, alumna de la Maestría en Derecho de la UNAM, FES Acatlán, miembro del Laboratorio de Derechos Humanos & Democracia, en el marco de la Cátedra Especial José Vasconcelos.
