Dice el refrán que a río revuelto, ganancia de pescadores, pero en el Estado de México parece que a aire contaminado, ganancia de funcionarios pillos. Si usted pensaba que la corrupción mexiquense se había tomado un respiro tras la barrida con el escándalo de la venta de plazas docentes en la Secretaría de Educación (que ya dejó decenas de órdenes de aprehensión y exfuncionarios tras las rejas), prepárese: ahora el "moche" no viste de tiza, sino de ecología.
La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) desmanteló una red de extorsión institucionalizada asentada en el corazón de la Secretaría del Medio Ambiente estatal.
Los protagonistas de esta historia no eran mandos menores ni "chivos expiatorios". Se trata de:
Raúl Piña Horta, nada más y nada menos que el director general de Control de Emisiones Atmosféricas, y Carlos Eduardo Solares Vega, director de Control de Emisiones a la Atmósfera, de la Secretaría del Medio Ambiente del Gobierno del Estado de México.
Ambos fueron capturados en operativos coordinados por la FGJEM junto con la Guardia Nacional y las fiscalías de Guerrero y CDMX. A Piña Horta lo ubicaron "descansando" en la zona turística de Acapulco, mientras que a Solares Vega lo detuvieron en la Ciudad de México.
El modus operandi de estos pillos era tan sofisticado como despiadado:
Exigían cobros sistemáticos de dinero en efectivo —recolectados en un domicilio particular ya asegurado— a los concesionarios y dueños de Verificentros de la entidad a cambio de no clausurarles las líneas de verificación o quitarles el permiso.
Sin embargo, cuando algún empresario se negaba o "se ponía difícil", la red simulaba faltas administrativas o procedimientos legales para revocar la concesión y despojarlo de la infraestructura, equipos e incluso de la tenencia de los terrenos donde operaban.
Amenazaban a las víctimas con daños directos a su integridad o sus patrimonios si osaban interponer una denuncia.
Las investigaciones ministeriales estiman que esta red generaba decenas de millones de pesos mensuales a través de la extorsión directa y el control ilícito del sistema de verificación vehicular del estado.
¿De dónde provenía tanto poder?
El poder de estos personajes deviene del monopolio de la regulación ambiental. En la burocracia mexiquense, la facultad de dictaminar quién opera y quién no en el lucrativo sector de los verificentros es prácticamente un "cheque en blanco". Sumado a esto, contaban con una red de complicidad que integraba a servidores públicos en activo, exfuncionarios y operadores particulares.
El entramado comenzó a resquebrajarse gracias a la acumulación de denuncias anónimas y testimonios de empresarios afectados que decidieron romper el silencio tras el cerco policial que se ha desplegado en la entidad. A partir de ahí, la Fiscalía realizó un seguimiento financiero y de inteligencia que permitió documentar las entregas de dinero y los despojos.
Este expediente no llega en un vacío. Se suma a la reciente sacudida por la venta de más de 400 plazas irregulares en la SECTI que provocó la detención de exsubsecretarios y exdirectores.
El mensaje para la administración mexiquense es claro: el discurso anticorrupción se pone a prueba no solo persiguiendo las mañas del pasado que, definitivamente, no podrían seguir operando si no fueran apoyados por piezas clave del actual gobierno. Queda ver si esta "limpieza" llega hasta el fondo del árbol o si solo cortó un par de ramas pesadas.
El impacto político
El impacto también ha sido político; no ha faltado el que ha querido responsabilizar al Partido Verde de albergar a estos delincuentes, pero también los que aseguran que se trata de “estate quieto” del gobierno a uno de sus aliados, contando que “se le ha subido a las barbas” y que ha trabajado por su cuenta rumbo a las próximas elecciones del 2027.
El presidente de la JUCOPO del Congreso local, Francisco Vázquez, uno de los alfiles más importantes de la 4T en el Edomex, se encargó de desmentir estos dimes y diretes, aprovechando para “limpiar” a morena de los malos gobernantes que han resultado dentro de sus filas, señalando que los partidos políticos no son responsables de los delitos que cometen algunos de sus militantes, que se les debe de juzgar de manera individual por sus malas acciones.
También aseguró que no hay ningún rompimiento con ningún partido de sus aliados —Partido Verde y PT— y que la alianza sigue rumbo al 2027.
Hasta aquí el análisis de hoy. Nos leemos la próxima semana.
