En el gobierno federal se han dedicado a hablar de todo menos del delicado asunto del gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, requerido por el gobierno de los Estados Unidos, como es de conocimiento público. La negativa para cumplir con la solicitud por parte de la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo se apoya en la falta de pruebas, según la propia mandataria lo ha dicho en infinidad de ocasiones.
El tema ha dado para ser analizado y comentado profusamente, sin obtener una respuesta única. A pesar de que se trata de una cuestión de carácter legal y diplomático, se ha optado por llevarlo a la cancha exclusiva de la política; que es, en sí, en donde se encuentran diversas versiones y observaciones subjetivas. Nada tiene que ver con lo que debería.
Esta condición. De llevar el asunto a ser ventilado políticamente. Es lo que ha empantanado una determinación como la exigen los acuerdos firmados por ambas naciones --la estadounidense y la mexicana--, para dar seguimiento al requerimiento de detención provisional de Rubén Rocha Moya y otros funcionarios mexicanos con fines de extradición para responder a las acusaciones de conspiración para importar y distribuir drogas hacia EE. UU., así como corrupción institucional en favor de la fracción de “Los Chapitos” del Cártel de Sinaloa, por parte de la Fiscalía Federal para el Distrito Sur de Nueva York.
El peligro que significa entregar a Rocha Moya al vecino del norte, solo en la 4T lo saben; los demás pueden hacer suposiciones y comentarios que posiblemente se acerquen a la verdad; pero elaborar escenarios que puedan presumir contubernios de corrupción al más alto nivel aún no pueden confirmarse.
Sin embargo, “cuando el río suena…”, versa un dicho mexicano, y tal vez no esté lejos de ajustarse para este asunto. La desesperación en la 4T por no poder sacudirse el espinoso asunto del gobernador con licencia de Sinaloa los obliga a intentar colocar diversos temas en la agenda política para evitar este, que les quema las manos. Es evidente, y se valen de cualquier cosa para lograrlo.
Es por eso que se ha emprendido, entre otras cosas, una “cacería de brujas” para llevar a cabo imputaciones a diversos actores políticos, --siempre y cuando no sea uno de los suyos-- para que la “comentocracia”, como llaman despectivamente a quienes se expresan y opinan respecto al problema “Rocha Moya”, le dediquen su atención.
Entonces, no puede verse como sorpresa la detención por parte de la Fiscalía General de la República, dirigida por Ernestina Godoy, en contra de Ernesto Ruffo Appel, exmandatario de Baja California, acusado de los delitos de delincuencia organizada y contrabando de combustible, lo que es conocido como “huachicol” fiscal, junto con otras siete personas.
Así como tampoco cabe extrañeza el hecho de que se haya decidido sacudir el polvo al asunto de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, con el propósito de mandar a la prisión con orden de aprehensión al exgobernador de Guerrero Ángel Aguirre Rivero. Aguirre gobernó ese Estado cuando en septiembre de 2014 los mencionados estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos desaparecieron de Iguala. La acusación que pesa en su contra parte del señalamiento de ocultar evidencias relacionadas con la desaparición de los estudiantes. Lo anterior con base en un supuesto modelo de investigación y reanálisis de las actuaciones existentes, y lo que eso quiera decir por parte de las autoridades.
Sí, dos gobernadores, solo que ambos están identificados con la oposición. Ninguno perteneciente al régimen que gobierna, lo cual puede ser porque, como lo afirmó el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, “sudan agua bendita”.
Bajo estas condiciones, pueden verse a otros actores políticos importantes intentando sacudirse serios señalamientos como los que recaen en contra del presidente del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alejandro Moreno Cárdenas, “Alito” Moreno, quien enfrenta un proceso de desafuero solicitado por la Fiscalía Anticorrupción de Campeche por un presunto desvío de 83.5 millones de pesos, uso indebido de funciones, entre otros delitos relacionados con su etapa como gobernador de Campeche. Entre otros.
Durante mucho tiempo, tanto el expresidente Andrés López Obrador como la mandataria Claudia Sheinbaum se apoyaron en un legendario Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública en el sexenio de Felipe Calderón, para darse permiso de cometer sus propios atropellos y de proteger a sus correligionarios; sin tomar en cuenta, por no convenirles, que aquel fue enjuiciado y sentenciado en Estados Unidos, no en suelo azteca. La insistencia de ambos morenistas para distraer cualquier señalamiento en contra de personajes de su movimiento impuso una retórica que giró siempre en torno a García Luna, con preguntas utilizadas comúnmente como: “¿Y García Luna?”, ¿por qué no se está hablando de García Luna? De esta manera, es pertinente hacer lo propio con el suyo: su “García Luna”, enfundado en el personaje de moda; ¿y… Rocha Moya? ¿Por qué no se está hablando de Rocha Moya?
