Toluca/Estado de México
Los diputados mexiquenses aprobaron la Ley Integral de Protección a Periodistas y Defensores de Derechos Humanos, considerada como única en el país, porque no solo contempla el Mecanismo de Protección, que ya lo contempla la disposición federal, sino que además considera una claúsula de conciencia, el secreto profesional y una Fiscalía Especializada en la materia.
De dos reuniones con distintos sectores, grupos de reporteros, dependencias y organismos internacionales, se aprobó esta ley, que a decir de los diputados, integró distintas propuestas de todos y a partir de ahora, dará garantías para desempeñar su labor.
La diputada Azucena Cisneros Coss, indicó que es de las primeras propuestas que se ingresó como un compromiso con un gremio con el que se viene caminando desde hace 30 años, y es una deuda del Estado y de todos los actores políticos, aún y cuando deben dar las garantías suficientes a estos sectores.
Señaló que aunque controversial, se buscó lograr el mayor consenso, por lo que hubo diversas reuniones con reporteros de diversas regiones de la entidad, incluido el sur, donde hay un sentir agudizado del gremio por la violencia que enfrentan en el desempeño de su labor.
La diputada también de morena Beatriz García Villegas, dijo que la nueva ley, cambiará los parámetros de justicia en la entidad, y medidas cautelares para dar una protección efectiva y responsable hacia los periodistas y defensores de derechos humanos, pues no se puede permitir más crímenes contra el sector.
“La Comisión Nacional de Derechos CNDH ha manifestado su preocupación por la agresión a periodistas y por la omisión de autoridades ante el aumento de agresiones de estos grupos, que ponen riesgo su vida por defender a quien han sido víctimas de abuso de poder y de informar a la sociedad y realizar denuncias públicas”.
Apuntó que en 2019, el índice de agresiones contra defensores y periodistas aumentó, pues se registraron 91 medidas cautelares a favor de reporteras y reporteros y 63 a favor de integrantes de organismos no gubernamentales.
Es importante indicar que establece que la Coordinación Ejecutiva, dependiente de la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos será la instancia responsable de operar el Mecanismo y de coordinar su funcionamiento con las Dependencias y Organismos Auxiliares de la Administración Pública Estatal, los Poderes Legislativo y Judicial, los municipios y los organismos constitucionales autónomos.
En casos de solicitudes de incorporación al Mecanismo se deberá realizar el Estudio de Evaluación de Acción Inmediata y emitir medidas de protección. Cuando la Persona Peticionaria declare que su vida, libertad, integridad física, psicológica o patrimonial está en peligro inminente, el caso será considerado de riesgo alto y se dará inicio al Procedimiento Extraordinario.
Además, establece que las autoridades del Estado de México y Municipios, en el ámbito de su respectiva competencia, deberán desarrollar e implementar Medidas de Prevención, así como promover y fomentar, las acciones para proteger de manera eficaz, oportuna a Periodistas y Personas Defensoras de Derechos Humanos en el Estado de México, además de investigar y sancionar a responsables de violaciones y agresiones.
Refiere como derechos específicos inherentes a la naturaleza de la actividad de las y los periodistas, el secreto profesional, la clausula de conciencia, el libre acceso a la información de interés y actos públicos, y la capacitación profesional.
Datos
A partir de ahora las organizaciones de la sociedad civil y personas involucradas en la defensa y promoción de los derechos humanos y en el ejercicio del periodismo y la libertad de expresión, se registrarán ante la Coordinación Ejecutiva y en Asamblea Convocada para tal efecto, elegirán a los 13 integrantes del primer Consejo Consultivo dentro del término de un mes concluido el registro de aspirantes a integrar el Consejo Consultivo.
La presidencia y los tres representantes del Consejo Consultivo ante el Mecanismo deberán elegirse en la primera sesión del Consejo Consultivo.
La Legislatura del Estado asignará los recursos presupuestales necesarios para la implementación y operación del Mecanismo en cada ejercicio presupuestal.
