El dirigente del Partido de la Revolución Democrática (PRD) mexiquense Agustín Barrera Soriano y el secretario General, Javier Rivera Escalona acudieron a la Fiscalía General de Justicia del Estado de México para solicitar los avances en la investigación contra la secretaria de Educación Pública (SEP) Delfina Gómez por los posibles delitos contra la administración pública, abuso de autoridad.
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"Es venir a plantear un exhorto para saber qué pasos ha seguido el proceso, qué estado guarda, y como están pensando generar ese impulso y que no se vaya a empañar el proceso electoral del 2023, que no se dé seguimiento hasta el próximo año, es el momento oportuno para darle seguimiento", aseguró.
Lo anterior, pues hace un mes la Sala Superior del Tribunal Electoral Del Poder Judicial de la Federación dictaminó al Instituto Nacional Electoral (INE) dar vista a la Fiscalía de Justicia mexiquense para dar seguimiento ante la posibilidad de conductas ilícitas por la entonces candidata a la gubernatura mexiquense.
Barrera Soriano precisó que los perredistas consideran que sí hay la existencia de conductas que pueden ser tipificadas como ilícitas, por lo que quieren que la Fiscalía dé seguimiento a la indagatoria.
"Lo que estamos planteando es generar el impulso a efectos de que esto llegue hasta el final y se dictamine si hubo o no irregularidades", señaló.
El dirigente expresó que se sabe que hubo un financiamiento ilegal a la campaña de la entonces contendiente por Morena a la gubernatura, en el 2013 - 2015 y que el dinero descontado a los trabajadores del municipio de Texcoco fue ingresado al fortalecimiento de un partido político.
"La sanción es de 4.5 millones de pesos, además de otras posibilidades como la privación de la libertad de la actual secretaria hasta la inhabilitación, destitución del cargo, como lo estipula el Código Penal estatal", agregó.
La sanción que procede, dijo, será el órgano jurisdiccional quien la defina, pero es un hecho que la conducta fue plenamente acreditada como lo determinó la Sala Superior del Tribunal Electoral Del Poder Judicial de la Federación y únicamente lo envía a las diversas instancias a efecto de que en el ámbito de su competencia apliquen las sanciones correspondientes.
Rechazó que haya una dilación por parte de la fiscalía, por lo que esperan que haya avance.
"La posición del PRD es darle seguimiento, porque no prescribe el delito, por lo que queremos que haya avance, impulso procesal", afirmó.
Javier Rivera Escalona, secretario general, precisó que se trata de los delitos de artículo 137, contra la administración pública, abuso de autoridad con contenido patrimonial cuando el servidor público utiliza el cargo para obtener la entrega de fondos, valores o cualquier cosa que no le haya siendo de confianza para aprovecharse o disponer de ella en su favor, o que obtenga para sí o terceros parte de los sueldos de un subalterno, dádivas, de tal forma que el delito no ha prescrito, desde la comisión en el 2014.
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