Toluca/Estado de México
Para lograr un verdadero acceso a la justicia a todo integrante de los grupos originarios mexiquenses o de cualquier otra región del país, el Poder Judicial del Estado de México lleva a cabo diversas acciones, como el apoyo con un intérprete-traductor durante todo los procesos judiciales penales.
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En los primeros siete meses de 2022, la Dirección de Peritos ha realizado 862 intervenciones con algún intérprete, lo que representa el 128% respecto a 2021, en el que se registraron un total de 672.
Los especialistas más solicitados fueron en 18 lenguas, entre ellas, mazahua con 216 intervenciones, otomí 183, mazateco 124, nahuatl 113, mixteco 67; otros más chinantenco, amuzgo, huave, huirrarica, matlazinca, maya y tsotsil.
Con este fin, se tiene un padrón de peritos externos intérpretes en lenguas indígenas del estado de México y del país, así como algunas variantes; además uno en lenguaje de señas.
Demandas de violencia y pensiones en lenguas originarias
A fin de acercar la justicia a integrantes de las comunidades Otomí, Mazahua, Tlahuica, Nahua y Matlazinca, recientemente se realizaron las traducciones de los formatos de Demanda de violencia familiar y Pensión alimenticia, desarrollados con el apoyo de la Universidad Intercultural.
Por otra parte, el Centro Estatal de Mediación, Conciliación y de Justicia Restaurativa del PJEdomex impulsa la apertura de centros de paz y diálogo que contribuyen, a través de la propia comunidad, al rescate de usos y costumbres restaurativos. El primero de este tipo, ya existe en la comunidad de Pueblo Nuevo, municipio de Acambay, en el que participan miembros del grupo originario otomí.
Próximamente dos centros funcionarán en los municipios de Tenango y Ocuilán, operados por los propios residentes de las comunidades nahua y tlahuica, previamente propuestos por las y los jefes supremos, y capacitados por el Centro de Mediación.
Además magistradas, magistrados, juezas, jueces y servidores judiciales participaron en el Curso de Capacitación de Mecanismos de Atención y Protección a Comunidades Indígenas sobre los derechos, normas, usos y costumbres de los pueblos originarios, pues las resoluciones que emiten, impactan directamente en las comunidades.
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