Toluca/Estado de México
Con el objetivo de impedir que el Poder Judicial reduzca sentencias en contra de los feminicidas, que en promedio logran en segunda instancia una disminución de 70 años a 40 años de prisión, la activista Irinea Buendía presentó ante el Congreso del Estado de México una propuesta de iniciativa de ley con el propósito de que los parámetros para juzgar bajo perspectiva de género, aprobados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en 2015, formen parte de la legislación penal y procesal del Estado de México y el país.
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Señaló que para convertir esta ley en nacional ha recorrido 16 estados, además del Estado de México. Explicó que el fundamento de la ley es que esperan superar la impunidad del 98% de los feminicidios en México y terminar con la omisión institucional, pues solo el 20% de los asesinatos cometidos contra mujeres son investigados como feminicidio, el resto como homicidio y eso impide el avance en las investigaciones que den con “la verdad”.
Agregó que el Estado de México es el que más casos registra en el país de un total de 165 mil 798 muertes violentas de mujeres registradas en 13 años en México -que supera la población total del municipio de Huehuetoca o se acerca a la de Lerma, Estado de México- según datos del secretariado ejecutivo del Sistema Nacional De Seguridad Pública (sesnsp).
Además, en 12 años el suicidio de mujeres en México se incrementó en 60.2%, aunado a que, en total, del 2015 al 2022 hay un “subregistro” de 7 mil 818 casos de conformidad con datos reportados por el Secretariado Ejecutivo y el INEGI.
LA PROPUESTA DE LEY QUE PRESENTÓ LA ACTIVISTA
De acuerdo con lo detallado por Irinea Buendía y sus asesores, la Propuesta de Ley que lleva por nombre “Mariana Lima Buendía” busca reformar el Código Penal Federal y del Estado de México, así como el Código Nacional de Procedimientos Penales, la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y la ley en la materia del Estado de México, para que la sentencia de la SCJN se convierta en ley y obligue a todas las autoridades del país a aplicar los parámetros que establece para juzgar con perspectiva de género, sancionar las omisiones de los servidores públicos y reparar el daño causado, así como la promoción de un cambio social y cultural.
Asimismo, crear el nuevo delito federal cometido por los servidores públicos contra la administración de justicia, es decir, una de las innovaciones de la propuesta. Resaltó que en el Artículo 225 quede estipulado los siguiente:
"XXXVIII. Estando obligado a investigar y/o sancionar un delito cometido contra una mujer por razones de género, incurra en actos de corrupción, omisiones, falencias, negligencias, obstruya la investigación y obstruya la justicia, en perjuicio del derecho de la víctima a la verdad, la justicia y las reparaciones".
A quién lo cometa se le impondrá pena de prisión de tres a ocho años y de treinta a mil cien días multa.
Mientras que parte de las reformas al Código Nacional de Procedimientos Penales, incluyen:
“Investigar con perspectiva de género y debida diligencia, todas las muertes violentas de mujeres y niñas, para poder acreditar que se trata de un feminicidio, incluidos los suicidios y accidentes”, tal y como lo ordena la sentencia de la SCJN.
Asimismo, la creación del delito “Negación de la Justicia por Razones de Género” en el Código Penal del Estado de México, en el Artículo 153 bis, asentando que incurre en este delito el servidor público de los órganos de procuración y administración de justicia, quien estando obligado a investigar y/o sancionar un delito cometido contra una mujer por razones de género, incurra en actos de corrupción, omisiones, falencias, negligencias, obstruya la investigación y obstruya la justicia, en perjuicio del derecho de la víctima a la verdad, la justicia y las reparaciones.
A los responsables de este delito, se propone imponerles de dos a seis años de prisión y de 30 a 150 días de multa, y será destituido e inhabilitado por un plazo igual a la pena privativa de libertad impuesta.
La intención es que este delito se tipifique en todos los códigos penales del país, abundó.
En las Reformas a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, busca incorporar la obligación de la Fiscalía General de la República de:
“Investigar con perspectiva de género y debida diligencia, todas las muertes violentas de mujeres y niñas, para poder acreditar que se trata de un feminicidio, incluidos los suicidios y accidentes”.
Además de informar anualmente al Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, sobre los programas y cursos permanentes de capacitación a agentes del Ministerio Público, peritos y personal que atiende a las víctimas, en materia de Derechos Humanos y perspectiva de género.
En las Reformas a la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de México también propone agregar como competencia del Poder Judicial local:
“Investigar con perspectiva de género y debida diligencia, todas las muertes violentas de mujeres y niñas, para poder acreditar que se trata de un feminicidio, incluidos los suicidios y accidentes”.
Se establece también como derecho de las mujeres víctimas de cualquier tipo de violencia a que se le repare el daño realizado por las autoridades e impulsar un cambio cultural, a partir de la adopción de medidas progresivas y específicas para modificar patrones culturales y fomentar la educación, capacitación en perspectiva de género y la administración de justicia, que no estaba contemplada en dicha ley.
“En conclusión, esta propuesta tiene como propósito que los tres efectos de la sentencia de la SCJN se conviertan en Ley para obligar a las autoridades a investigar los casos de muertes violentas de mujeres con perspectiva de género y con ello superar la impunidad en la que se encuentran la mayoría de los casos de feminicidio en el país y el alarmante incremento de muertes violentas de mujeres, de los cuales, en promedio, según las propias fuentes oficiales, sólo el 20% son investigados como feminicidios”.
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