Toluca/Estado de México
La Comisión de Legislación y Administración Municipal del Congreso mexiquense ha comenzado a analizar la iniciativa presentada por el diputado priista Jaime Cervantes Sánchez. Esta iniciativa propone armonizar el marco jurídico estatal en cuanto al combate a la corrupción, ampliando las atribuciones del órgano interno de control municipal para recibir denuncias, investigar y sancionar faltas administrativas.
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Se ha establecido como plazo el 13 de noviembre para que los legisladores enriquezcan la propuesta. El diputado proponente resaltó que se pretende que los entes municipales ya no hagan referencia a la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos estatal, sino a la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de México y Municipios. Además, se propone el cambio del término "contraloría municipal" por el de "Órgano Interno de Control Municipal", y se designaría al titular como Contralor.
La iniciativa, que plantea modificaciones a la Ley Orgánica Municipal de la entidad con respecto a los órganos internos de control municipal, también propone incluir entre las facultades de estos órganos la recepción de denuncias por presuntas infracciones o faltas administrativas derivadas de actos u omisiones cometidos por servidores públicos de los municipios, o por particulares vinculados con faltas administrativas graves.
Asimismo, se pretende que tengan la facultad de iniciar procedimientos de investigación por posibles faltas administrativas de oficio, a raíz de denuncias o derivados de auditorías realizadas por las autoridades competentes. En caso necesario, se calificarían las faltas como graves o no graves, según lo establecido en la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de México y Municipios.
Además, se les requeriría sustanciar los procedimientos de responsabilidad administrativa y emitir, en su caso, las resoluciones correspondientes, imponiendo las sanciones apropiadas cuando sea necesario. Los expedientes por faltas graves y faltas de particulares, en términos de la mencionada Ley de Responsabilidades Administrativas, serían remitidos al Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México.
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