Toluca/Estado de México
Tras lamentar que el 40 por ciento del agua potable en la entidad es robada, ya sea por desvío o sustracción por tomas clandestinas o de pozos irregulares, congresistas de las bancadas de morena, PVEM, PT y PAN coincidieron en la necesidad de que este delito (conocido como “huachicoleo” del agua) sea calificado como grave y que se persiga de oficio; es decir, sin necesidad de que exista una denuncia para investigarlo y castigar a las personas culpables.
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Al analizar las iniciativas de la diputada Zaira Cedillo Silva (morena) y del Grupo Parlamentario del PVEM, presentadas por separado, legisladoras y legisladores concordaron en que es necesario enriquecer las propuestas con las observaciones de la Consejería Jurídica estatal, de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, y de los municipios que son fuente del suministro, particularmente en el establecimiento de penas con prisión, y en las medidas para proteger el recurso hidráulico desde su origen.
En reunión de las comisiones de Procuración y Administración de Justicia, y de Recursos Hidráulicos de la LXII Legislatura mexiquense, la parlamentaria Zaira Cedillo explicó que su iniciativa busca sanciones de hasta 30 años y multas de 2.8 millones de pesos por acciones de extracción, apropiación, restricción o suministro de agua potable, sin contar con el permiso de distribución o la evaluación correspondiente, expedido por la autoridad competente, así como que sea calificado como grave y se acredite como un daño a la nación.
Refirió que, de 2023 a 2024, sólo se recibieron 37 denuncias por este delito, pero que ningún caso fue judicializado, por lo cual su propuesta busca ayudar a que las autoridades logren castigos severos contra las personas culpables, pues lamentó que en el Estado de México se roben cuatro litros de agua por segundo.
A nombre del Grupo Parlamentario del PVEM, la legisladora Miriam Silva Mata detalló que su iniciativa propone que el delito de extracción ilegal del agua con fines de lucro sea tipificado como delito grave, para que se persiga por oficio y no por querella, así como que se apliquen las sanciones de acuerdo con los daños que generen a las personas.
Tras reconocer vacíos legales que toleran la impunidad y la corrupción, puntualizó que, de considerarse como delito grave, a la persona responsable de robo del agua potable se le podría dictar medidas de prisión preventiva oficiosa, que conlleva la privación temporal de la libertad, con el fin de garantizar su presencia en el desarrollo de la investigación.
La parlamentaria Emma Laura Álvarez Villavicencio (PAN), quien presidió la reunión, explicó que las iniciativas deben considerar las diferentes realidades por las que atraviesan los municipios, para garantizar el acceso al agua potable a la población, y criticó la falta de suministro en zonas marginadas y de hospitales; además, afirmó, hay referencias de que las empresas desperdician el líquido.
Por morena, los legisladores Gerardo Pliego Santana y Samuel Hernández Cruz y las legisladoras Sandra Patricia Santos Rodríguez y Selina Trujillo Arizmendi celebraron las propuestas porque contribuirán a combatir la impunidad en la materia, y expresaron que sería oportuno enriquecerlas, sobre todo en casos de pozos comunitarios, organismos operadores y municipios donde se origina el suministro, como manantiales y áreas naturales.
Sobre las propuestas para reformar el Código Penal estatal, la diputada Ana Yurixi Leyva Piñón (PT) compartió que iniciativas similares se han aprobado en los estados de Nuevo León, Jalisco, Sonora y en la Ciudad de México, por lo que se pronunció por consolidar en la entidad un modelo de gestión del agua más transparente.
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