Hoy en día, acusar es lo más fácil. El micrófono en las redes está abierto todo el tiempo; cualquiera puede vociferar sobre otra persona y hacer tambalear su credibilidad. Todo se vuelve un caos mediático, político y jurídico. En medio de tanto embrollo, es difícil distinguir la verdad de la mentira. Muchas veces nos centramos en todo lo que leemos o escuchamos sobre un posible abuso. Todos nos volvemos jueces y conocedores del tema. Vertimos nuestros comentarios como si supiéramos la historia completa.
Este tipo de situaciones deberían cuidarse más, para darle el beneficio de la duda a todos los involucrados. Antes de exponer una situación, se necesita que los expertos en leyes y criminología hagan su trabajo para no especular y, sobre todo, no terminar con la vida de otra persona o anular una denuncia.
El escrutinio público es cruel. Da por hecho y ataca a su presa hasta dejarla en los huesos. Lo que ahora llaman “funar” es lo mismo que apedrear a alguien porque la muchedumbre lo dicta.
Gritamos a los cuatro vientos que estamos en una nueva era donde impera la empatía por el otro, pero realmente no es así. Nos hace falta la empatía bidimensional, es decir, proteger la verdad de las verdaderas víctimas, lo cual protege a ambos lados de la moneda.
El suicidio no es prueba de inocencia. El 8% de las mujeres que han sido violentadas o han sufrido violencia sexual tienen ideas suicidas o llegan a cometerlo.
Frente al mito que alimenta la polarización digital, las cifras oficiales del Censo Nacional de Procuración de Justicia Estatal demuestran lo contrario. De las 3,324 personas imputadas por el delito de falsedad —mentir ante la autoridad o simular pruebas—, el 58% son hombres; es decir, 6 de cada 10 imputados pertenecen a este sector, desmintiendo la narrativa de que este comportamiento es exclusivo o predominante de un solo género.
No se trata de aumentar el estereotipo de que las mujeres mienten o de referir que, de acuerdo con los datos judiciales, quienes mienten son hombres. Es ver la dimensión del problema.
Las víctimas rebasan las 34,851 personas. Si sumamos a esto que el 93% no denuncia o que ni siquiera se abre una carpeta, nos da un problema de fondo: la verdad está atrapada en un sistema judicial fallido, en el que las denuncias falsas rondan del 2 al 10%, dependiendo del escándalo mediático.
La verdad debe ser defendida, al igual que los derechos de las víctimas. Hemos recorrido un gran camino para ser escuchadas; no puede apagarse la voz por aquellas o aquellos que faltan a la honestidad. Defender el debido proceso no significa abandonar a las víctimas; significa proteger la única herramienta capaz de hacerles justicia. Una sociedad que condena sin pruebas y otra que desestima las denuncias por prejuicio terminan en el mismo lugar: lejos de la verdad.
