Hay un síntoma inequívoco de que una administración entra en un terreno peligroso: el temor a la prensa. Cuando quienes ostentan el poder dedican más esfuerzo, recursos y proyectos legislativos a intentar acallar a los medios de comunicación que a resolver la inseguridad o combatir la impunidad, la democracia sufre una erosión sistemática.
Hoy observamos con profunda preocupación cómo, promovida e impulsada directamente desde el Palacio de Gobierno por la propia presidenta Claudia Sheinbaum, se busca imponer un marco regulatorio que apunta a convertirse en una auténtica ley mordaza. La paradoja es monumental: hace apenas unos años, tanto Sheinbaum como Andrés Manuel López Obrador condenaban con fiereza los intentos de los gobiernos del PRI y del PAN por regular o limitar los entornos digitales, acusándolos de pretender censurar el internet —al que el propio AMLO bautizó en su momento como las "benditas redes sociales" por haber sido el canal que les permitió romper la hegemonía mediática—.
Hoy, instalados en la cúspide del poder, el discurso cambia y la memoria se nubla. Bajo eufemismos como "regular la desinformación", "proteger la soberanía" o "sancionar la difamación" para “proteger a las audiencias” (jajajajaja), el objetivo de fondo no es defender a la ciudadanía, sino blindar a la administración en turno: evitar que la prensa exponga las fallas de gestión, las pifias operativas, los actos de corrupción y las oscuras conexiones de servidores públicos con la delincuencia organizada.
El espejo venezolano: la anatomía de una censura documentada
Esta ruta no es una especulación ni una paranoia periodística; es un patrón histórico ampliamente documentado. Un caso emblemático y verificado en América Latina es el de Venezuela, donde el desmantelamiento de la libertad de expresión comenzó exactamente con la misma narrativa de "democratizar la información" para terminar en un silenciamiento absoluto.
El antecedente legal (2004): Con la promulgación de la Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión (conocida como Ley Resorte), el gobierno venezolano comenzó a sancionar la difusión de contenidos que, a su juicio, "incitaran al altercado público" o "desconocieran a las autoridades".
El control de frecuencias y la asfixia (2007 en adelante): Con base en esa normativa, en mayo de 2007 se retiró la concesión a Radio Caracas Televisión (RCTV), el canal más antiguo del país, y en los años siguientes la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) cerró cientos de estaciones de radio y bloqueó portales informativos digitales.
La institucionalización del silencio (2017): La aprobación de la llamada Ley contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia, fijó penas de hasta 20 años de cárcel para quien emitiera mensajes considerados "inadecuados", un concepto ambiguo que criminalizó el trabajo periodístico y la crítica ciudadana.
El resultado de ese proceso —registrado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y Reporteros Sin Fronteras— fue la asfixia del periodismo independiente y el exilio masivo de comunicadores. Cuando la prensa fue neutralizada, el escrutinio sobre la gestión pública y las redes de corrupción desapareció por completo.
La corrupción necesita oscuridad para florecer
En cualquier sistema político, la tentación de controlar o censurar a los medios responde a una necesidad de impunidad. Un gobierno que actúa con transparencia y apego a la ley no le teme a la fiscalización ciudadana ni a la investigación periodística.
Exhibir la ineficiencia gubernamental es un deber democrático; documentar y publicar los probables nexos entre autoridades y células delictivas es una obligación ética y un servicio indispensable a la patria. Si se le arrebata al periodismo la capacidad legal y las garantías para investigar, la sociedad queda a ciegas y a merced de los abusos del poder.
Un derecho colectivo que no se negocia
La libertad de prensa no es un privilegio de los periodistas ni una concesión del Palacio Nacional; es el derecho de toda la sociedad a recibir información plural, oportuna y veraz. Las "benditas redes sociales" y los medios independientes no pueden ser "benditos" solo cuando sirven para llegar al poder y convertirse en "amenazas a regular" cuando fiscalizan a quienes ya gobiernan.
Frente a cualquier intento de censura, la única respuesta legítima es defender el libre ejercicio periodístico, aplicar el máximo rigor en el trabajo de campo y mantener un compromiso inquebrantable con la verdad. Porque cuando la prensa es silenciada, los únicos que celebran son la corrupción y la delincuencia.
Esto es una verdadera alerta roja; el gobierno en turno ha terminado con todos los órganos que pueden fiscalizarlo. Creó los “datos reservados” de obras multimillonarias para que nadie pueda checar cómo se realizaron, quiénes las hicieron y cuánto les costaron; nada que les pueda afectar a sus gobiernos o destapar casos de corrupción.
Yo creo que ya nos tardamos, pero aún podemos cuestionar al gobierno que contratamos porque no se les olvide que nosotros les pagamos con nuestros impuestos, que nosotros costeamos esas obras —buenas o malas—, las hicieron con nuestro dinero, y es también nuestro dinero el que se reparte a diestra y siniestra en apoyos sociales que solo buscan perpetuar un gobierno que, a cambio, no hace obra social, solo pinta lo ya construido de color guinda, aunque, con el paso de los años, ya esté deteriorado.
¡¡No a la Ley Mordaza disfrazada de cuidado ciudadano; no al miedo, no al homicidio de periodistas. Respeto a nuestro trabajo, respeto a la libertad de expresión!!
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