Jiquipilco/Estado de México
Pedro Francisco Santiago fue sentenciado a 65 años, 7 meses y 15 días de prisión, una vez que la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) acreditó su intervención en el hecho delictivo de trata de personas, en la modalidad de explotación sexual en agravio de su pareja sentimental y su hija, ya que las obligaba a sostener relaciones sexuales con hombres a cambio de dinero.
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Indagatorias de la FGJEM precisaron que a partir del 5 de agosto del año 2016 este individuo comenzó a prostituir a su pareja sentimental, quien padece una discapacidad psicológica; actividades que eran realizadas al interior de un inmueble ubicado en la colonia Loma Hermosa, en el municipio de Jiquipilco.
Posteriormente en noviembre de ese mismo año y hasta mayo del año 2018 este hombre de igual manera obligó tanto a su hija, quien también presenta discapacidad psicológica, así como a su pareja sentimental, a llevar a cabo esta actividad a cambio de dinero.
Estos hechos ocurrieron hasta el 23 de mayo de 2018, ya que en esa fecha este individuo fue detenido por el hecho delictivo de violación en agravio de su hija, por lo que fue ingresado al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Ixtlahuaca. Por ese ilícito compurga condena de 28 años y 6 meses de prisión.
Una vez que esta Institución tomó conocimiento de los hechos fue iniciada la indagatoria respectiva por el delito de trata de personas, en la modalidad de explotación sexual aprovechándose de la relación de concubinato en agravio de su pareja sentimental, así como por trata de personas, en la modalidad de explotación sexual a través de la prostitución ajena, con la agravante de cometerse contra víctima con discapacidad psicológica en agravio de su hija.
Este mandamiento judicial fue otorgado y cumplimentado por reclusión en el mes de noviembre del año 2022, por lo que quedó a disposición de la Autoridad Judicial, quien luego de revisar las pruebas recabadas y aportadas por esta Representación Social, le dictó esta sentencia de condena.
Además de la pena privativa de libertad, el Representante Social le fijó multa de 1 millón 888 mil 910 pesos, 291 mil 680 pesos como reparación del daño moral y material, aunado a que sus derechos civiles y políticos quedaron suspendidos.
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