Toluca/Estado de México
Este 7 de agosto se realizó la primera sesión del Observatorio de Pueblos Originarios y Afrodescendientes del Poder Judicial del Estado de México, en la que se acordó la instalación de un comité especializado que tendrá como primera tarea integrar un padrón de personas indígenas privadas de la libertad en la entidad.
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El objetivo, a propuesta de especialistas y activistas que integran el órgano, es identificar casos en los que, por violaciones a derechos humanos, puedan ser susceptibles de recibir el beneficio de la amnistía, especialmente en el caso de mujeres.
Durante el encuentro, se enfatizó que este Observatorio, el primero en su tipo en América Latina, según el Poder Judicial mexiquense, será un espacio de participación activa para visibilizar y atender las necesidades jurídicas de los pueblos indígenas y afrodescendientes del Estado de México.
El magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, Fernando Díaz Juárez, propuso que, como parte de los trabajos del observatorio, se conforme una comisión encargada de elaborar el padrón de personas indígenas en reclusión y analice la situación jurídica de cada persona identificada con el fin de presentar solicitudes de amnistía o activar mecanismos de defensa adecuados, principalmente si son mujeres.
“Necesitamos actuar y crear acciones contundentes, desde el primer día que llegué al frente del Poder Judicial hice el compromiso de escuchar estos casos y analizarlos. Son vidas, son historias, y han sufrido no solo una violación sistemática e histórica, sino también han sido invisibilizadas”, expresó Díaz Juárez.
Agregó que este esfuerzo busca transformar la impartición de justicia en el Estado de México, especialmente en favor del sector de pueblos originarios y afrodescendientes que en diversos momentos han sido vulnerados.
Durante la sesión, se planteó que la revisión de casos tenga una perspectiva intercultural e interseccional, así como enfoque de género, para garantizar que se atiendan las circunstancias particulares de las mujeres indígenas privadas de la libertad.
El magistrado también propuso que se convoque a instituciones del Poder Ejecutivo, defensores de derechos humanos, colegios de abogados, universidades y organizaciones de la sociedad civil para acompañar los trabajos del comité y aportar en la defensa de derechos de los pueblos originarios y afrodescendientes.
“La salud mental, la falta de comprensión de los procesos jurídicos, la dificultad en el acceso a la defensa, son factores que afectan gravemente a personas privadas de la libertad, especialmente a aquellas pertenecientes a grupos históricamente vulnerados”, dijo el magistrado.
El Observatorio forma parte de los compromisos asumidos por el Poder Judicial del Estado de México en el marco de su adhesión a la Declaratoria de Justicia Abierta, firmada en febrero de este año.
Esta declaratoria reconoce como prioridad institucional la participación activa de pueblos originarios en el sistema de justicia y la salvaguarda de su dignidad y diversidad cultural.
El Observatorio se integra con representantes de comunidades mazahua, otomí y tlahuica, así como de comunidades afrodescendientes, en conjunto con la Sala de Asuntos Indígenas, organismos defensores de derechos humanos, académicos y colectivos.
Como parte de los acuerdos de esta primera sesión, también se determinó designar una Secretaría Técnica y avanzar en la integración de las comisiones que permitirán comenzar con la elaboración del padrón y el análisis de casos.
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