Apanicados por las nuevas medidas legales que tipifican como “delincuencia organizada” cualquier defraudación fiscal, “inversionistas”, consultores, despachos, AMLO-fóbicos, neoliberales y hasta “académicos” han advertido sobre la “nueva era de terrorismo fiscal” que, como espada casi autoritaria se cierne sobre el cuello de los contribuyentes.
Legendarias escenas del recaudador medieval con garrote se han recreado a partir de ello, pero el hecho es que el actual gobierno sabe que su principal Talón de Aquiles está justo en los nimios ingresos que obtiene gracias a una serie de triquiñuelas y estafas al fisco, entre ellas la compra-venta de comprobantes para amparar operaciones simuladas, con empresas de todo tipo involucradas, incluidas periodísticas, muchas de las cuales también operan bajo el explotador esquema de outsourcing que deja sin seguridad social a los trabajadores.
Podría parecer exagerado que se diga que esto constituye una “amenaza a la seguridad nacional”, pero es imposible no considerar todo esto como parte de una asociación de facinerosos, igual que aquellos que con la fachada de “inversionistas socialmente responsables” lavan cantidades importantes de dinero, y que sin duda afectan las finanzas públicas.
Para todo esto se ha sugerido que debe haber policías especializados en “delitos de cuello blanco”, lo que supondría el reclutamiento de mujeres y hombres con conocimientos de filosofía, contabilidad, derecho, economía, sicología, sociología, historia, ingeniería, mística y hasta teología y periodismo, entre otras.
Todo esto suena muy bien, desde luego, pero por el momento habrá que conformarse con los esforzados inspectores del Servicio de Administración Tributaria (SAT) que, hasta donde se ha sugerido, irán por casos muy particulares de renuente evasión, sobre todo empresas fantasmagóricas que han hecho de la venta de facturas falsas un gran negocio, hasta ahora “lícito” gracias a toda clase de subterfugios legaloides.
¿Cuánto se va a recuperar para el erario con estas medidas? Imposible saberlo, pues en el Paquete Económico no se presentaron estimaciones, pero es un buen signo que se comiencen a enderezar entuertos largamente solapados.
Viendo el asunto más allá, este terrorismo fiscal resulta casi un cuento infantil frente al terrorismo financiero que ha venido aniquilando la finanzas públicas, con una deuda que representan poco más del 48 por ciento de PIB.
De esto los “apanicados” no han lanzando ninguna invectiva como lo han hecho contra el actual gobierno, a pesar de que es un tema que debería abordarse con la mira puesta en el impacto que genera, y no en esa narrativa neoliberal que habla de “finanzas estables”, “manejo responsable” y otras zarandajas más, mientras se van cerca de 750 mil millones de pesos sólo al pago de intereses y comisiones, con un pasivo que supera los 10 billones de pesos.
Porque conforme a la definición tradicional de “terrorismo”, en materia de finanzas se ha visto una sucesión de actos violentos (ataques especulativos al peso), ejecutados para destruir el orden de un país (el nuestro y de muchos otros), creando escenarios de terror e inseguridad para intimidar (o pagas, o pagas).
Ciertamente, este tipo de terrorismo ha sido por demás silencioso y silenciado tal vez porque, como decía Lenin, los feligreses del economismo y del terrorismo tienen en común el ser “solidarios” y “espontáneos”, aunque rindan culto a polos distintos.
Por ello, ningún país debería presumir cualquier “estabilidad” mientras sus finanzas sean depredadas tal manera como las nuestras, porque el costo a la hacienda pública y, especialmente, el impacto social, ha sido devastador.
