El lunes 6 de agosto, el Estado de México amaneció con titulares que celebraban la detención de 27 presuntos integrantes de una supuesta célula criminal denominada “Los Alfas”. El operativo, coordinado entre la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Fiscalía estatal, la Guardia Nacional y el Ejército, fue presentado como un golpe certero contra la extorsión, el secuestro y el narcomenudeo: “Un brazo ejecutor del Cártel Jalisco Nueva Generación”, informaron. Pero, como suele ocurrir en esta entidad, la versión oficial se desmorona apenas se rasca la superficie.

La narrativa institucional habla de una “casa de seguridad” en Zinacantepec, donde se detuvieron a 18 de las 27 personas, dos secuestrados rescatados de los que nadie habla y, lo peor, el hallazgo de un cuerpo en estado de descomposición que corresponde a una persona con boletín de búsqueda.

Sin embargo, el propio comisario de seguridad municipal de Zinacantepec, “con todo respeto a las autoridades federales y estatales involucradas en esta detención”, desmiente el relato: no se trataba de una banda organizada, sino de un grupo de jóvenes que se reunía a drogarse en un inmueble abandonado.

Dijo que todo empezó porque Nélida Alejandra, la mujer de Eduardo Alberto alias “El Alfa” —presunto líder del grupo— lo denunció por violencia de género, acto sucedido en inmueble de Toluca, y fue ella quien lo “puso”. “No es ninguna célula delictiva, nada que ver con el Cártel Jalisco Nueva Generación, se trata de narcomenudistas”, dijo el comisario.

Por ese motivo llegaron hasta la casa, porque la mujer dijo que el sujeto estaba ahí, un lugar en donde se reunía a emborracharse y drogarse; el cadáver, dijo, pudo haberse caído accidentalmente en un pozo sin protección. “A cualquiera le pudo haber pasado y seguramente en el estado en que estaban, nadie se dio cuenta de ello”.

Más aún, informó que seis de los detenidos ya habían sido arrestados anteriormente por delitos contra la salud, pero fueron liberados por la Fiscalía mexiquense. ¿Entonces qué cambió? ¿Por qué ahora sí son considerados parte de una célula criminal? ¿Por qué se les exhibe como si fueran el brazo armado de una red de extorsión y crímenes de alto impacto? Aquí alguien miente, pues el golpazo a la delincuencia organizada fue anunciado por el mismísimo secretario de Seguridad Nacional, Omar Harfuch.

Este caso no es aislado. Forma parte de una tendencia preocupante en el Edomex: operativos masivos que se presentan como estrategias de seguridad, pero que acumulan denuncias por abusos, arbitrariedades y simulaciones. Ahí están los ejemplos recientes:

Operativo Atarraya, que clausuró más de 300 barberías en muchos municipios mexiquenses y terminó con denuncias por “droga sembrada” con videos de lo que hacían los policías para mostrar “resultados” bajo acusaciones de vínculos con el narcomenudeo. Locatarios denunciaron montajes, cateos sin orden judicial y estigmatización de negocios que ya habían reportado extorsiones sin recibir atención institucional.

Operación Liberación, desplegada en 14 municipios del sur mexiquense, con el objetivo de desarticular estructuras vinculadas a La Nueva Familia Michoacana. Aunque se presume inteligencia criminal, comerciantes afectados reportan bloqueos, pérdidas económicas y falta de transparencia en los procedimientos; a muchos los muestran como cómplices solo por ser personas adineradas en la región.

Operativo Sur, que ha sido señalado por organizaciones civiles por detenciones arbitrarias y uso excesivo de la fuerza, sin resultados claros ni seguimiento judicial, e incluso quitarles propiedades lujosas o costosas que por sólo serlo, las vinculan con la Familia Michoacana, sin ofrecer pruebas reales. Pareciera que ser rico es un delito y el dinero llega siempre de manera ilegal.

Las denuncias de familiares y comerciantes se repiten: se les quitan pertenencias, se les trata como delincuentes sin pruebas y se les deja con antecedentes que les cierran puertas. En nombre de la “restitución del orden”, se vulneran derechos, se fabrican culpables y se construyen narrativas que sirven más para justificar presupuestos que para garantizar justicia.

La seguridad no se construye con simulacros. Se construye con justicia, con procesos limpios, con respeto a los derechos humanos y, sobre todo, con la voluntad de dejar de usar el miedo como herramienta política.

El caso de Israel Vallarta; 20 años de show

Y hablando de simulaciones, un escándalo es el caso de Israel Vallarta, quien fue señalado en una historia espeluznante de una banda denominada “Los Zodiacos” dedicada a sanguinarios secuestros y homicidios; él como líder y su pareja entonces, la francesa Florence Cassez.

Pues nada, que pasaron 20 años, gobiernos priistas, panistas y morenistas, y nadie se dio cuenta de que este hombre estaba encerrado sin pruebas, sólo la narrativa de una telenovela; sólo la hipótesis de historia pública en donde todos lo sentenciamos, pero nunca un juez.

Hoy, después de pasar casi la mitad de su vida encerrado, una jueza lo libera por falta de pruebas. Lo denigrante es que este caso de injusticia rápidamente coloca como culpable a un periodista que publicó la historia que le dio el sistema, como normalmente sucede, porque todos creemos que son investigaciones serias con resultados palpables y no películas armadas por un escritor.

Claudia Sheinbaum, el culpable no es Loret de Mola que te cae tan mal porque nada que se alinea, no, los culpables son el gobierno que capturó y contó su historia, y todos los que le han seguido, incluyendo el tuyo, que lo mantuvieron ahí adentro pese a todas las irregularidades.

Este es un fracaso para todos esos gobiernos; porque si no, el culpable le robó la mitad de su vida; pero si sí lo es, fueron incapaces de demostrarlo y hoy está libre.

Pues me despido con este velo de dudas sobre los emocionantes episodios de operativos y operaciones que tan cuestionados son y que deberían ser una serie de Netflix.

Los leo en Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.