Para concluir con este pequeño análisis del recorrido que hemos tenido como país, así como del rumbo que estaremos tomando en el corto, mediano y largo plazo, es menester mencionar que, después de la pandemia y, específicamente, en el pasado año 2024, el expresidente López Obrador presentó el 5 de febrero 18 iniciativas de reformas con carácter constitucional y 2 de ley que buscaban cambios en la política social, la arquitectura constitucional y el marco económico y político de la nación.

Dentro de las más trascendentes se ubicaron: la reforma al artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM), en materia penal (prisión preventiva); la reforma al artículo 28, relacionado con el transporte ferroviario de pasajeros, colocándolo como parte prioritaria del desarrollo nacional; reformas a los artículos 25, 27 y 28, concernientes a industrias estratégicas del Estado; modificaciones al 123 constitucional para la fijación de los salarios mínimos generales y profesionales por encima de la inflación; cambios al artículo Cuarto en materia de atención médica integral, universal y gratuita; así como modificaciones, adiciones y derogaciones en materia electoral; una de gran envergadura y controversia relativa a la simplificación orgánica, que planteaba la desaparición de 8 órganos reguladores autónomos; reforma para reconocer a la Guardia Nacional adscrita a la Secretaría de la Defensa Nacional; modificaciones y adiciones al 123 constitucional para crear el Fondo de Pensiones para el Bienestar, realizando un segundo parche al esquema de cuentas individuales para complementar las pensiones de los trabajadores, asumiendo el Estado la obligación de las Afore y tomando el dinero de las cuentas de otros trabajadores; y, la más trascendente y controversial, la reforma a diversas disposiciones de la CPEUM en materia de reformas al Poder Judicial, misma que generó distintas opiniones entre los ciudadanos, partidos políticos, academia y sociedad en general.

Esto último ha mantenido al país en una especie de marasmo, ya que los detractores de la llamada Cuarta Transformación aseguran que se pretende acabar con la división de poderes y establecer un Estado autoritario; mientras que el expresidente aseguraba que el objetivo era acabar con la corrupción, el nepotismo y el tráfico de influencias en ese poder.

Es menester mencionar que, desde mi óptica personal, el expresidente y el Movimiento de Regeneración Nacional han estado empecinados en estas reformas, debido a que las ven como la cimentación del llamado Segundo Piso de la Cuarta Transformación.

El 2 de junio de 2024, en un hecho histórico para el país, Claudia Sheinbaum, candidata del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), ganó las elecciones y, con ello, por primera vez una mujer se convirtió en presidenta de la República.

Este triunfo significó la continuidad de la 4T, lo que de inmediato se vio reflejado a través de giras conjuntas del expresidente y la presidenta electa, algo también nuevo en el país; pero, sobre todas las cosas, quedó muy claro que la agenda legislativa era prácticamente la misma y que la pretensión era, ya con una mayoría legislativa en la Cámara baja y muy cerca de ello en la Cámara de Senadores en septiembre, último mes del gobierno de AMLO, ingresar las iniciativas pendientes y, las que no fuera posible por falta de tiempo, darles continuidad en el resto del periodo ordinario de sesiones e incluso en periodo extraordinario; de forma tal que el plan trazado ha salido al pie de la letra.

Sin embargo, este primer año del sexenio de la presidenta Sheinbaum ha estado marcado por el mantenimiento e incluso incremento de la violencia a lo largo y ancho del país; el control del crimen organizado es casi total en algunos estados; la agresiva política antiinmigrante y de imposición de aranceles del presidente Donald Trump es otro tema complejo en la agenda nacional.

La aprobación de las reformas ya mencionadas está poniendo a prueba a este nuevo gobierno; no obstante, de manera puntual debemos decir que, después del ejercicio de elección de jueces, magistrados y ministros del Poder Judicial, representa uno de los temas más difíciles y que seguramente cobrará facturas. Aunque debo reconocer que la premura de realizarlas e implementarlas lo más pronto posible está relacionada con ganar tiempo y consolidar, en lo que resta del sexenio, la reducción del efecto adverso entre el electorado.

Independientemente de que los programas sociales de apoyo a jóvenes, personas con discapacidad y la extensión a más personas de la tercera edad ya tienen sustento constitucional, mi verdadera preocupación es hasta qué punto la hacienda pública podrá sostener esa pesada tarea; ya que debemos recordar que tenemos un déficit presupuestario de más del 6 %, lo que representa una gran losa para las finanzas públicas del país.

Por otra parte, la simplificación administrativa, o dicho de manera más sencilla, la desaparición de órganos autónomos, también es otro gran reto, debido a que viene a cambiar buena parte del entramado legal y administrativo, lo que está generando grandes lagunas operativas y competenciales que incluso tienen alcances e impactos en el T-MEC, de cara a la revisión del mismo, que ya está en curso.

Así también, hoy se añade al panorama otra fuente de preocupación con los acontecimientos en el estado de Tabasco que involucran a un miembro de la fracción parlamentaria de Morena en el Senado de la República, ya que mina los esfuerzos de cooperación entre las diferentes instancias de la seguridad pública, el Ejército y la Marina.

Por último, es necesario puntualizar que el rumbo que sigue nuestro país está relacionado con un esquema de continuidad política; sólo han cambiado un poco las formas, pero el fondo es el mismo: se sigue buscando realizar una refundación de las instituciones; sin embargo, en el camino se va dejando una estela de situaciones que no abonan a lo que se requiere, y asuntos vitales como educación, salud y empleo siguen siendo tareas pendientes.

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