Hace algunos meses no nos hubiéramos imaginado la acelerada expansión y evolución de la inteligencia artificial (IA), que ha impactado directamente en distintas áreas de nuestra vida cotidiana. Ello ha generado una transformación profunda en ámbitos económicos, sociales y jurídicos.
América del Norte —compuesta por Estados Unidos, Canadá y México— se encuentra en una encrucijada normativa que demanda una reflexión urgente y una concertación eficaz. La cuestión central radica en cómo establecer marcos regulatorios que sean capaces de acompañar esta innovación sin sacrificar derechos fundamentales, ética y seguridad.
Uno de los principales desafíos que enfrentan nuestros países es la fragmentación normativa. Mientras que Estados Unidos ha optado por un enfoque de autorregulación y guía voluntaria para la innovación en IA, Canadá ha promovido un marco de principios éticos y derechos humanos, y México se ha quedado rezagado: solo ha comenzado a delinear propuestas regulatorias específicas, sin que se hayan materializado. La ausencia de una regulación armonizada no solo genera incertidumbre jurídica, sino que también dificulta la cooperación transfronteriza, esencial en un mundo cada vez más interconectado y digitalizado.
La cuestión de la responsabilidad y la transparencia es otra arista crítica.
¿Cómo atribuir responsabilidad en casos donde decisiones automatizadas causen daños o perjuicios?
La opacidad de muchos algoritmos —la denominada "caja negra"— impide que los afectados puedan entender cómo y por qué se tomó determinada decisión. La transparencia y la explicabilidad se convierten, por tanto, en condiciones indispensables para garantizar derechos y mantener la confianza en estas tecnologías.
Por otra parte, la protección de derechos fundamentales, como la privacidad y la igualdad, se presenta como un imperativo mayor. La recopilación masiva de datos, el sesgo algorítmico y la posible discriminación automática son evidencia del riesgo que implica una regulación insuficiente. La necesidad de establecer controles efectivos refuerza la idea de un marco normativo que no solo promueva la innovación, sino que también prevenga o sancione abusos.
En ese orden de ideas, la dimensión internacional cobra relevancia, ya que su tendencia es hacia una regulación fragmentada. La cooperación entre Estados y la búsqueda de estándares globales son esenciales para evitar que América del Norte quede rezagada o, peor aún, que otras regiones dominen las reglas del juego.
La creación de un marco común —como socios y aliados del TMEC— debe tomar en cuenta las particularidades de cada jurisdicción sin perder de vista los derechos universales, lo que constituye una tarea urgente e ineludible.
El reto de la regulación de la IA en Norteamérica se presenta como un desafío multidimensional: necesita equilibrio, cooperación y visión de futuro. La apropiada regulación permitirá no solo mitigar riesgos, sino también aprovechar la innovación para fomentar un desarrollo tecnológico responsable, ético y en consonancia con los valores democráticos. Solo así podremos garantizar que la inteligencia artificial sea realmente una aliada del bienestar social y no una fuente de desigualdades o vulneraciones.
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