Los recientes escándalos relacionados con la desaparición de 213 millones de pesos en la Secretaría de Salud del Estado de México evidencian la urgencia de fortalecer los mecanismos de prevención y control de riesgos de corrupción en las instituciones públicas. La corrupción no solo afecta la eficiencia y transparencia de los servicios públicos, sino que también socava la confianza ciudadana en las instituciones gubernamentales. En este contexto, es imprescindible analizar las metodologías que deberían aplicarse para prevenir estos delitos, así como la relevancia de implementar auditorías internas y externas de manera preventiva y correctiva.
Riesgos de corrupción y su prevención
La corrupción en las instituciones públicas se puede definir como el abuso del poder para obtener beneficios personales o de grupo, afectando negativamente los recursos destinados a servicios esenciales, como la salud. La prevención de estos riesgos requiere una estrategia integral basada en la identificación temprana de posibles vulnerabilidades y en la implementación de controles efectivos.
Una metodología efectiva es el análisis de riesgos, que consiste en identificar, evaluar y priorizar las áreas donde existe mayor probabilidad de corrupción. En el caso de la Secretaría de Salud, esto incluye la gestión de recursos, adquisiciones, contratación de proveedores y procesos de distribución de medicamentos. La evaluación periódica de estos procesos permite detectar desviaciones o irregularidades antes de que se materialicen en fraudes o malversaciones.
Otra herramienta clave es el sistema de controles internos, que establece procedimientos claros y responsabilidades delineadas para prevenir, detectar y corregir irregularidades. La segregación de funciones, la autorización de gastos y la revisión constante de las actas administrativas son ejemplos de controles que reducen los riesgos de corrupción.
Auditorías internas y externas: preventivas y correctivas
Las auditorías son instrumentos esenciales en la gestión pública para garantizar la integridad y transparencia de los recursos públicos. Sin embargo, su efectividad depende en gran medida del momento en que se realizan y del alcance que tengan.
Auditorías preventivas: Estas se llevan a cabo de manera periódica y sistemática, con el objetivo de detectar vulnerabilidades antes de que ocurran hechos ilícitos. La auditoría interna, realizada por el propio órgano rector, debe tener un carácter proactivo, con revisiones regulares y énfasis en las áreas de mayor riesgo. La auditoría externa, por su parte, puede complementar esta labor con una revisión imparcial e independiente, generando recomendaciones para fortalecer los controles.
Auditorías correctivas: Cuando se detectan irregularidades, las auditorías internas y externas deben generar informes que permitan actuar rápidamente. La finalidad no solo es sancionar, sino también rectificar procesos, reforzar los controles y evitar que otros hechos similares vuelvan a ocurrir. La transparencia en la difusión de resultados y la aplicación de sanciones ejemplares son fundamentales para recuperar la confianza pública.
La importancia de una cultura de transparencia y responsabilidad
Más allá de los controles y auditorías, es fundamental promover una cultura organizacional basada en la ética, la transparencia y la responsabilidad. La capacitación constante del personal, la implementación de códigos de conducta y la participación ciudadana en los procesos de fiscalización son elementos que sustentan la prevención de la corrupción.
El caso de la desaparición de 213 millones de pesos en la Secretaría de Salud del Estado de México evidencia que la prevención de riesgos de corrupción no puede dejarse al azar. La aplicación de metodologías estructuradas, complementadas con auditorías internas y externas preventivas y correctivas, es esencial para salvaguardar los recursos públicos y mantener la confianza ciudadana en las instituciones. Solo mediante un enfoque integral, transparente y comprometido con la ética, será posible reducir los espacios de vulnerabilidad y fortalecer la gobernanza en el sector salud y en el sector público en general.
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