La muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, en un operativo del ejército, desató una crisis de seguridad multidimensional: paralizó la movilidad, el comercio y la educación. El hecho, ocurrido en Tapalpa, Jalisco, permanece bajo el manto de la opacidad informativa que alimenta las sospechas de una ejecución extrajudicial orquestada bajo presión extrema.
Este suceso representa la culminación del fracaso de la política de “abrazos, no balazos”. El gobierno de Morena fue obligado a un giro táctico violento y descoordinado que dejó a la población civil en medio de un fuego cruzado sin precedentes.
La falta de evidencia visual pública y la ausencia de una verificación de identidad transparente ante la sociedad subrayan una crisis de legitimidad institucional en la que el Estado parece operar más por consignas geopolíticas, dictadas desde Washington, que por un plan de pacificación interna.
El reconocimiento explícito de la administración de Donald Trump y las felicitaciones del embajador estadounidense sugieren que este “logro” fue una condición necesaria para aliviar las tensiones arancelarias y las amenazas de intervención directa del vecino del norte.
La respuesta del CJNG tras la caída de su líder no fue el repliegue, sino una demostración de fuerza paramilitar que alcanzó 20 entidades de la República. Los denominados “narcobloqueos” se usaron como un mecanismo de terrorismo urbano que afectó arterias viales estratégicas, así como terminales de autobuses y aeropuertos. Se evidenció que la infraestructura crítica de México es vulnerable ante la insurgencia criminal porque no está protegida por la autoridad.
Es crucial advertir que la desaparición de la cabeza no mata a la hidra; es probable que la pulverice. La caída de “El Mencho” podría activar un “efecto cucaracha”, a partir del cual las células regionales y los mandos secundarios se dispersen y disputen el liderazgo de zonas estratégicas. El CJNG, definido como una “multinacional criminal” basada en franquicias, enfrenta ahora una encrucijada entre una transición ordenada o una guerra civil interna que puede recrudecer la violencia contra civiles.
Desde mi trinchera, me resulta cínico que el gobierno federal presuma este operativo como un éxito de su política interna cuando los resultados demuestran lo contrario. La política de “abrazos” se ha transformado en una de “bajas y opacidad”, donde la transparencia es sacrificada en el altar de la conveniencia político-electoral. Otro aspecto que no debemos perder de vista es que la soberanía no se defiende con discursos, sino al garantizar que un niño pueda llegar a la escuela sin miedo a un lanzacohetes en la esquina.
Ante este panorama, la recomendación final para todas y todos es la adopción de una mentalidad de resiliencia comunitaria. Nuestra participación en la construcción de seguridad inmediata, a través de la creación de redes vecinales de alerta, es la única herramienta que ha demostrado efectividad frente a la parálisis institucional.
Dado que no podemos confiar en la respuesta gubernamental, reactiva y carente de prevención, es fundamental que estemos bien comunicados. Antes que nada, verifiquemos los datos que recibimos. Las redes sociales, en estos casos, son los canales menos confiables. Antes de emprender algún trayecto, busquemos cuentas oficiales como @CAPUFE o @GN_Carreteras y contrastemos su información con observatorios ciudadanos y plataformas de tráfico en tiempo real, que resultan más confiables. Seamos cuidadosos al movernos entre ciudades y municipios.
Durante un tiempo, especialmente en algunas entidades o municipios, será necesario identificar “puntos de confinamiento”, es decir, edificios o establecimientos seguros donde refugiarse durante los traslados (plazas comerciales con seguridad privada, instituciones públicas, hospitales). Si la violencia estalla en su ruta, su vehículo no es un lugar seguro frente a armas de fuego de alto calibre; es preferible abandonar la unidad y buscar refugio en espacios cerrados.
También, durante algunas semanas, deberíamos tener presente cómo reaccionar ante retenes o bloqueos criminales. La prioridad absoluta es la preservación de la vida; no intentemos maniobras de escape bruscas. Entregar las llaves del vehículo sin resistencia y alejarse de inmediato hacia una zona de resguardo es la mejor decisión.
Ahora bien, es fundamental mantener el teléfono con carga máxima, activar la ubicación en tiempo real compartida con familiares de confianza y tener grabados los números de emergencia (como el 911) y Protección Civil. Es decir, aprender a usar la tecnología para pedir ayuda y protegernos.
Pasarán los días y las semanas, y los acontecimientos llenarán por miles nuestras horas… A pesar de sentirnos rebasados, no olvidemos que la muerte de “El Mencho” no solo es el fin de una era; es el inicio de una fase más compleja y peligrosa contra el crimen organizado que requiere una sociedad alerta, informada y, sobre todo, exigente de una transparencia que este gobierno se niega a entregar. La protección personal comienza con el reconocimiento de que, en el México de 2026, la seguridad es un bien que el Estado ya no puede o no quiere proveer.
