El Departamento de Justicia estadounidense, el pasado 29 de abril, acusó formalmente a Rubén Rocha Moya, gobernador con licencia de Sinaloa, y otros nueve funcionarios y exfuncionarios de su gobierno, de colaborar con el Cártel de Sinaloa para facilitar el tráfico de drogas hacia los Estados Unidos, proteger diversas operaciones criminales y recibir sobornos a cambio de apoyo institucional.
Lo más grave es que, según reportes de “The Wall Street Journal” y medios especializados, más de cien funcionarios, entre gobernadores y alcaldes, son investigados por la DEA, el FBI, el Departamento del Tesoro y Homeland Security de EE. UU. La lista incluye, según trascendidos, a tres gobernadoras y un gobernador: Mariana del Pilar Ávila (Baja California), Lorena Cuéllar (Tlaxcala), Mara Lezama (Quintana Roo), Evelyn Salgado (Guerrero) y Javier Rodríguez (Tabasco). El mensaje estadounidense parece ser claro: estos no son casos aislados, se trata de una captura sistémica del Estado mexicano por parte del crimen organizado. El patrón no es herencia del sexenio pasado, es perpetuación. Un antecedente determinante de todo este entramado es el abatimiento de “El Mencho”. El problema es que, al matar al capo, sin estrategia institucional y sin disolver la estructura, se obtuvo una “victoria temporal” que generó una nueva inestabilidad y caos.
Desde la elección en 2021 se señaló la intervención de grupos criminales en la llegada de Morena al poder. Hoy, en 2026, los fiscales estadounidenses sostienen que operadores vinculados a “Los Chapitos” intimidaron a rivales políticos para lograr una gubernatura morenista con características de captura criminal. Si esto es cierto, la pregunta es: ¿por qué Sheinbaum no lo removió desde el inicio de su administración? La respuesta resulta incómoda: porque hacerlo implicaba el reconocimiento público de que Morena gobierna con los criminales y habría destruido la narrativa de “cambio de régimen” hacia la honestidad, que es parte del discurso fundacional de la 4T.
Una respuesta hipotética de Sheinbaum, ante la magnitud de la crisis, requeriría del reconocimiento público honesto que podría sonar, más o menos, así: “Tenemos un problema sistémico de captura criminal de las instituciones estatales. No es herencia del gobierno anterior; es un patrón que persiste en administraciones morenistas. Esto es inaceptable, por lo que voy a remover a gobernadores bajo sospecha. Si Rocha Moya se ha separado del cargo, se iniciarán investigaciones contra todos los señalados y colaboraremos plenamente con los EE. UU.” Lamentablemente, suena a una utopía imposible de ocurrir… El pacto heredado de proteger a narcos es real y persiste en Morena por pragmatismo político. Parte de la estructura de poder morenista tiene vínculos con el dinero criminal; dependen financieramente de este recurso. No hay mecanismo institucional que fuerce la purificación.
Por su parte, ante las elecciones intermedias (noviembre de 2026), los republicanos, en Estados Unidos, impulsan su propia estrategia. Observan que en México hay una corrupción sistémica y quieren pruebas para combatirla. Presionan al interior de su gobierno porque necesitan una “victoria” contra el crimen organizado que vendan a su electorado. Aquí se comprenden las visitas del secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, y de Sarah Carter, de la Oficina de Política Nacional de Control de Drogas (conocida como “zar antidrogas”). Además, por eso pueden exigir precondiciones comerciales implícitas para un T-MEC nuevo y favorable a sus intereses, sustentadas en reformas institucionales profundas.
Ahora bien, en México también habrá elecciones intermedias, en 2027, y en los últimos días se han publicado dos encuestas (AtlasIntel y Lorena Becerra) que muestran una tendencia de desgaste electoral que, por su actitud, preocupa a Sheinbaum. En la primera, la popularidad presidencial cayó al 51% y el 43% desaprueba su gestión, la cifra más alta desde el inicio de su administración. En la encuesta de Lorena Becerra, la opinión positiva sobre Morena descendió de 71% en marzo de 2025 a 57% en mayo de 2026. El dato electoral clave es que el 63% de los consultados considera que el gobierno federal está fracasando en la reducción de delitos como robos y asaltos, mientras que el 31% estima que sí existen resultados positivos.
De estos datos se deducen tres variables que configuran lo que llamaré “el triángulo de vulnerabilidad de Morena”. Los tres lados del triángulo son: 59% perciben más corrupción, consideran que las instituciones están capturadas y, en consecuencia, la legitimidad se desploma; 39% percibe que la inseguridad cotidiana se ha incrementado, esta respuesta puede dar idea del porcentaje que podría optar por un voto de castigo; finalmente, respecto a la inflación, el 31% siente su bolsillo golpeado y vislumbra una erosión económica. En suma, hay una caída en la aprobación del gobierno y podría haber un deterioro de preferencia electoral sistemática.
El punto crítico ahora es para Sheinbaum, quien debería romper el pacto (aunque haya sido parte de él como jefa de Gobierno). La oposición debe exigir, no sólo criticar, sino presentar iniciativas legislativas. Lo fundamental, en el momento actual y en el futuro inmediato, es decir, en los dos próximos procesos electorales, es que los electores ejerzan el voto de castigo para alcanzar los cambios necesarios.
