Diana Belén García Alfaro, ante el miedo que ya tenía por la persecución y el terror al que fue sujeta, dijo poco antes de que se supiera que estaba muerta: “No quiero ser un número más”. Lo escribió con miedo, pero con la certeza de que, en México, levantar la voz es insuficiente. Hoy el nombre de Ana Belén se une a una lista muy larga, integrada por personas que denunciaron amenazas, pidieron ayuda y terminaron asesinadas. No es caso único, pero ojalá sea el último: todos lo desearíamos. Se ha convertido en un patrón que se repite una y otra vez, pero lo peor es que se ha normalizado; cuando debería a todos escandalizarnos, pocos muestran capacidad de asombro.
Diana no solo se dedicaba a rescatar perros; defendía una causa que cada vez gana más adeptos, que ahora es legal y ya no solamente social. Es algo que apoya fervientemente la gobernadora Delfina Gómez: el de los animales como seres sintientes. En el Estado de México hay ya una ley para castigar el maltrato animal, pero en la práctica parece quedarse corta frente a redes de violencia, impunidad y omisiones. Porque una cosa es tener normas y otra hacerlas valer.
La activista denunció agresiones, amenazas y el envenenamiento de varios de sus perros. Había iniciado procesos legales, había dado seguimiento, había expuesto públicamente su situación. ¿Qué más tenía que hacer para que las autoridades actuaran con eficacia? La respuesta, lamentablemente, es que nada fue suficiente.
Activismo amenazado
Defender derechos (sean humanos o animales) en México implica, cada vez más, tomar un gran riesgo. Activistas, periodistas, defensoras y defensores viven bajo presión constante, y cuando esas amenazas escalan, la respuesta institucional suele ser tardía, burocrática o no la hay.
Diana Belén, como muchas otras personas, “pisaba callos”. El activismo incomoda, exhibe abusos, afecta intereses. Y en ese terreno, quienes levantan la voz se exponen. No es casualidad que las agresiones se eleven cuando alguien insiste, documenta y denuncia. Lo preocupante es que el Estado, que debería ser garante de seguridad, termina como testigo pasivo —cuando no cómplice por omisión— de estos asesinatos que muchas veces terminan en la impunidad.
La noticia de su muerte fue devastadora, no solo para la familia, sino para toda esa red social que busca más garantías para los animales. Pero el mensaje es grave, porque resulta que denunciar no protege. Y mientras esa percepción se mantenga, muchas víctimas optarán por el silencio, no por falta de valor, sino por instinto de supervivencia. Este sería el costo más alto de la impunidad.
Justicia pendiente
Hoy, la exigencia es que se haga justicia para Diana Belén. Pero esa no puede limitarse a detener a los responsables materiales. También debe alcanzar a quienes ignoraron las alertas, a quienes no actuaron a tiempo, a quienes dejaron que el riesgo creciera hasta llegar a su asesinato.
Cada caso como este no representa nada más una vida perdida, sino una denuncia que fue ignorada. La prevención es tan importante como la sanción; eso no lo deben olvidar las autoridades. Se han tenido avances en materia de seguridad al bajar el porcentaje de homicidios dolosos, tal vez. Pero por casos como estos, donde ya había advertencias, la percepción de seguridad siempre será otra. Una muerte con violencia siempre será una muestra de que falta mucho por hacer.
